En rueda de prensa, el secretario general de la CESM, Carlos Amaya, se quejó además de que el Ministerio de Sanidad haya eliminado el trámite de audiencia, y anunció que iniciarán contactos con los grupos parlamentarios para "hacer llegar sus objeciones y poder contribuir a la mejora de la ley en su tramitación en las Cortes", dijo.

Tras un primer apoyo a las líneas generales que les presentó la ministra, la confederación engargó a su servicio jurídico un informe sobre el articulado d la norma, que ya han remitido a Ana Pastor.

Entre las objeciones apuntadas, Amaya destacó que se limita a realizar una declaración de principios generales, "entre los que no se encuentran los de universalidad y gratuidad", y es insuficiente porque se olvida de los autónomos, de la sanidad militar o de los funcionarios.

También rechazan la ampliación de la cartera de servicios sin aportar recursos nuevos, las auditorías externas, y la falta de representación de sindicatos y profesionales en la Coisión de Recursos Humanos.

La CESM cree que la Ley puede consagrar tres tipos de Estatuto Marco entre los médicos (para las tres diferentes relaciones laborales) y dudan de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se conviertan en un verdadero organismo de participación.

UNA SOLA LEY DE SANIDAD

El sindicato cree que la Ley de Cohesión debería haber sido reemplazada por otra ley que aglutinara a ésta y a la Ley General de Sanidad de 1986, porque la realidad sanitaria español ha cambiado mucho desde entonces.

Por su parte, el presidente de la CESM, Patricio Martínez, señaló que desde sus 17 sindicatos autonómicos van a proseguir y a emprender nuevos contactos con organizaciones sociales para tratar de alcanzar un pacto social por la "calidad y humanización de la Sanidad".

La CESM afirma representar al 30% de los aproximadamente 89.000 médicos que trabajan en la Sanidad pública.