La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzó hoy a estudiar los recursos presentados contra el auto por el que la juez Teresa Palacios decidió poner fin a la investigación sobre el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander e imputó a la cúpula de la entidad la presunta comisión de 138 delitos fiscales.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional insistió en la "ausencia total de indicios" en este caso contra los directivos de la enidad, al tiempo que señaló que lo que aquí existiría, en todo caso, sería un serie de delitos fiscales, pero no cometidos por el banco, sino por los clientes que no declararon en su momento ante Hacienda la adquisición del producto financiero.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional siempre ha sostenido que no existen indicios razonables contra los directivos del banco y considera que las personas imputadas en este sumario aparecen exentas de responsabilidad criminal.

Además, se ha mostrado partidara del sobreseimiento libre del caso y de que la juez se inhiba a favor de los juzgados de instrucción competentes para aquellas partes de la investigación relativas a una "presunta defraudación tributaria".

Por su parte, el abogado el Estado siguió la misma línea marcada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al señalar que los directivos del banco no podían controlar lo que los clientes de la entidad hicieran con las cesiones de crédito frente a Hacienda.

En cuanto a los abogados de la entida financiera, insistieron en que el Santander no tuvo ninguna responsabilidad en este caso; que no conoció ni controló las decisiones de los clientes de declarar o no a Hacienda los rendimientos de sus inversiones, ni menos aún sobre la procedencia de las cantidades invertidas.

Asimismo, insistieron, como la Fiscalía y el abogado del Estado, en la falta de relación entre los directivos del banco imputados y los clientes que adquirieron las cesiones de crédito.

Además, recordaron que, en abril de 202, la Sala de lo Penal dictó un auto por el que recordaban a la juez Palacios que no se podía imputar al banco una responsabilidad general sobre las cesiones.

El único que se mostró a favor de la celebración del juicio fue el letrado de Iniciativa Per Catalunya, que ejerce la acción popular en este caso. En su opinión, hay suficientes indicios para celebrar la vista, y las restantes partes del caso no han aportado argumentos de peso para el archivo de la causa.

La resolución que tomen los magistados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinará si finalmente se archiva el caso o, por el contrario, se celebra juicio oral contra los imputados por la juez Palacios.

AUTO DE LA JUEZ

En un auto hecho público el 28 de junio del año pasado, la juez dió por concluido el caso de las cesiones de crédito, que pudieron suponer un fraude para la Hacienda Pública de 8.800 millones de pesetas entre los años 1987 y 1991.

Según su investigación, las cesiones de crédio fueron un producto financiero puesto en marcha por el banco para captar fondos fiscalmente opacos, garantizando este extremo a los clientes, que se evitaban así el pago de las retenciones de Hacienda.

En su resolución, recurrida ante la sala, Teresa Palacios afirma que existen indicios de la actuación presuntamente delictiva de la entidad en la comisión de 138 delitos fiscales con las cesiones de crédito, en relación con las personas que suscribieron estos productos.

DELITO FISCAL

Concretamene, la juez considera "imputados-responsables" del asunto de las cesiones de crédito al presidente del entonces Banco de Santander Emilio Botín, a los consejeros Rodrigo Echenique y José Ignacio Uclés, al responsable de la asesoría jurídica de la entidad, Lorenzo Solana y al subdirector adjunto a la dirección de sucursales, Ricardo Alonso Clavel.

A todos ellos imputa 138 supuestos delitos fiscales por cooperación necesaria o inducción y falsedad continuada en documento oficial respecto de las cesionesotro delito fiscal de cooperación necesaria y falsedad en documento mercantil, en lo referido a las personas que se prestaron a "que se utilizase su identidad en sustitución de los titulares verdaderos" de las cesiones.

El caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander se inició con una querella presentada en la Audiencia Nacional por el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos en marzo de 1992, aunque posteriormente desistió de ejercer la acusación popular en las actuaciones.

Entre lo años 1987 y 1991, el Banco de Santander realizó cerca de 45.000 operaciones de este tipo y captó fondos por importe de 400.000 millones de pesetas lo que podría haber generado un fraude de 8.800 millones a la Hacienda Pública.

Con este auto, la juez puso fin a una investigación que se ha prolongado durante más de 10 años y que ha contado con la oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, del Abogado del Estado e incluso de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que en marzo de 2002 dijo que no s podía imputar al banco una responsabilidad general sobre las cesiones, pero sí actuar en cada uno de los procedimientos abiertos a los clientes que contrataron esos productos.