Hernández Rodrigo hizo esas afirmaciones al comentar el caso del preso enfermo de SIDA que murio la semana pasada en la capital zamorana un interno por SIDA.

"La política ocultista de la Dirección General de Institucines Penitenciarias no nos esconde la realidad a los funcionarios, que lo estamos viendo a diario con nuestros propios ojos", comentó.

Los últimos datos oficiales hablan de un 24 por ciento de la población reclusa infectada por el virus de inmunodeficiencia humana o del SIDA, pero, según el representantes del CESIF, "cálculos extraoficiales elevan el porcentaje a más del 70 por ciento".

Agregó que, en 1991, se incautaron en los 92 centros penitenciarios españoles un total de casi 70 kilos de hachí, 22 de cocaína y más de un kilo de heroína, lo que podría ser "sólo un 8 por ciento de lo que entra en las prisiones".

En los últimos años las filtraciones de estupefacientes se han doblado, ante lo que los responsables del sindicato estiman que poco se puede hacer en su contra, "porque es un tema politizado".

Según el dirigente sindical, "los derechos humanos protegen siempre a los presos a la hora de exigir cacheos cuando vuelven de permiso", a lo que se añade un Reglamento General Penitenciaro "que no se adecúa en absoluto a la realidad española".

En su opinión, el actual texto legal "no se corresponde a nuestra situación porque está calcado del reglamento sueco; lo cual es como si ahora el nuestro lo copiaran los turcos: es decir, que no tendría ningún sentido", manifestó Hernández Rodrigo.

El portavoz del CESIF afirmó que la desgana general en Instituciones Penitenciarias es la causa de todo el tráfico de drogas. "Sólo puede controlarse a los presos que regresan de permiso medianterayos X si se sospecha que llevan droga; y sólo puede sometérseles a rayos X una vez al mes, por lo que muchas de las ocasiones en que introducen sustancias escondidas en sus cuerpos, lo hacen impunemente", aseguró.

Un portavoz de Instituciones Penitenciarias consultado por esta agencia no quiso hacer comentarios a lo que consideró como opiniones vertidas por el representante de una determinada organización sindical.