El primero de los recursos admitidos es el presentado por las madres de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala a través de su abogado Iñigo Iruin, encargado de la acusación particular en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño por el asesinato en 1983 de ambos jóvenes por parte de los GAL.

El segundo recurso que será tramitado por el Tribunal Supremo es el presentado por los hermanos de la miembro de ETA Lucía Urigoitia, cuya muerte durante un enfrentamiento con la Guardia Civil está siendo investigada en los juzgados de San Sebastián.

La argumentación jurídica de abos recursos está basada en la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales 62/78, que tiene una tramitación más rápida que el resto de normativas.

Por otra parte, al recurso que había sido presentado por el abogado José Luis Galán, encargado de la acción popular en el sumario que instruye el juez del Tribunal Supremo Eduardo Móner sobre el secuestro del empresario francés Segundo Marey, se le ha dado un plazo de diez días para que subsane defectos de forma, transcurridos los cuales odría ser también admitido a trámite.

Además, los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo han exigido al diplomático Pedro García-Trelles que modifique el recurso que presentó, por entender que no es parte en ninguno de los sumarios de los GAL. Esta orden de los magistrados se debe a que aquellos que quieran acogerse a la ley 62/78 deben tener como requisito haber sido víctimas de algún tipo de vulneración de los derechos fundamentales.

El procedimiento que se inicia ahora para los do primeros recursos se situará, según fuentes judiciales, entre los 50 y 60 días.

La decisión adoptada hoy por el Supremo de admitir a trámite dos de los recursos era considerada en medios políticos y judiciales como un primer paso para que el Gobierno reconsiderase su decisión de no desclasificar los 'papeles del Cesid'.