Tal y como explicó uno de los miembros de la ejecutiva de Cesida, Ramón Espacio, “la Comunidad de Madrid se ha resistido desde el principio a aplicar el RD7/2018 que, aunque con sus carencias, devolvía el carácter de universalidad a la sanidad pública”.

A esto añadió que “durante estos años, desde las ONG que atienden a las personas migrantes se ha trabajado para vincularlas al sistema sanitario y en Madrid, con más dificultades que en el resto de España, se iba resolviendo”.

Sin embargo, la Coordinadora alertó de que, desde el pasado mes de noviembre, las entidades sociales madrileñas se están encontrando con casos donde se retira la tarjeta sanitaria sin previo aviso a personas que estaban siendo atendidas o se deniega el acceso a personas migrantes con el VIH.

Según Cesida, esta situación se ha agravado desde la publicación el pasado mes de noviembre de los requisitos exigidos para solicitar el Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE).

VULNERABILIDAD

En este sentido, la presidenta de Cesida, Reyes Velayos, denunció que entre las exigencias establecidas en dicho documento se encuentra llevar al menos tres meses empadronado en Madrid. Sin embargo, "la Comunidad de Madrid realiza una aplicación rígida de la norma e ignora la excepción incluida en Real-Decreto 7/2018 que establece que, si los pacientes se encuentran en una situación vulnerable y con necesidad de tratamiento urgente, pueden tener acceso a la sanidad a través de un informe de los trabajadores sociales".

Además, en la Comunidad de Madrid, "este proceso ya no se lleva a cabo en los centros de salud desde noviembre de 2021, momento en el que se pusieron en marcha las llamadas 'Unidades de Tramitación' (UT). Actualmente, hay siete UT para toda la Comunidad de Madrid, con una lista de espera de siete meses, un tiempo de espera demasiado largo para las personas con VIH que precisan tratamiento diario", añadió.