No obstante, el tribunal advierteque ambos magistrados deberán prestarse mútua colaboración en sus investigaciones, según indicó el magistrado José Augusto de Vega, encargado de redactar el acuerdo adoptado hoy por dicha sala.

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción resuelve de este modo el conflicto planteado por el juez Garzón al juez Palomino, al que requirió que se inhibiese de continuar tramitando la causa que abrió a Perote como consecuencia de la incautación de diversa documentación atribuída al CESID en su celda.

Aunqu la sala con su decisión, que fue adoptada por unanimidad de todos sus miembros, no da la razón a ninguno de los dos jueces, tampoco estima el escrito que le remitió el fiscal del Tribunal Supremo, que consideró que el conflicto debía resolverse a favor de Palomino.

El fiscal, en contra de las tesis de Garzón, estimó que la posesión de dichos documentos por parte de Perote no es un delito conexo con los asesinatos cometidos por los GAL que investiga Garzón dentro del 'caso Oñaederra'.

Garzón presntó el conflicto de jurisdicción a Palomino el pasado mes de julio después de que el juez militar acordase abrir una nueva causa a Perote tras incautarle diversa documentación supuestamente del CESID en su celda el pasado 27 de junio.

Por estos hechos, el juez castrense procesó al coronel del CESID el pasado 12 de julio al considerar que parte de la documentación que le incautó en su celda "reviste aparentemente todos los signos externos de tratarse de documentos, ya originales o copias, elaborados po el CESID" y que son "relativos a la defensa nacional".

Previamente, Garzón también había requisado otra documentación al coronel durante un registro practicado el pasado 8 de febrero, papeles de incorporó al 'caso Oñaederra' que investiga.

Palomino requirió dicha documentación a Garzón, aunque éste se negó a entregársela alegando que el 'caso Oñaederra' está declarado secreto. A su vez, el juez de la Audiencia Nacional solicitó a Palominio que se inhibiese de seguir conociendo dicha causa, lo qu éste rechazó, por lo que Garzón planteó el conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo.

Aunque la Sala de Conflictos de Jurisdicción acordó que los jueces deberán prestarse colaboración mútua, fuentes judiciales indicaron que Garzón se negará a entregar los documentos que posee al juez Palomino mientras continúe el 'caso Oñaederra' bajo secreto.

Además, las citadas fuentes expresaron su preocupación por las repercusiones que la resolución de la sala pueda tener en un futuro sobre la causasobre los GAL que instruye Garzón, dado que si el tribunal que juzgue a Perote considera que los documentos que le incautó Palomino tienen un origen ilícito por haber sido sustraídos o estima que fueron manipulados, podrían invalidarse como pruebas para la vista oral por el 'caso Oñaederra'.