La sentecia del Tribunal de Conflictos destaca que la utilización del secreto para sustraer a conocimiento público y judicial determinadas materias sensibles para la seguridad del Estado "es común en los países democráticos de nuestra misma área internacional" y su conocimiento "compete al Gobierno".

Romero dijo a Servimedia que este fallo "da manga ancha al Gobierno en el campo de las materias clasificadas como secreto", y agregó que la sentencia de ese tribunal "ha dad un instrumento extraordinario al Gobierno y a la Junta de Jefes de Estado Mayor", para clasificar materias secretas asuntos relacionados con la lucha antiterrorista.

A su juicio, "se ha creado una zona de impunidad total, de acotamiento, una zona de exilio dorado para los delitos. Porque basta con clasificar aquellas materias para que ya el juez no pueda acceder a ellas y las pueden clasificar cuando ya se haya iniciado o tengan información de que se va a iniciar un proceso judicial".

"Yo creo qe hay una situación en la que el Gobierno tiene en sus manos pruebas que le pueden comprometer en delitos, pero el Gobierno no va a ahorcarse con esas pruebas entregándoselas a la justicia", afirmó.

Finalmente, Romero señaló que pedir ética al Gobierno sobre el caso GAL "es como que la zorra guarde bien las gallinas". "Esta claro que si el Gobierno y la Junta de Jefes de Estado Mayor se ven acosados por una investigación judicial, pues está claro que esas materias están clasificadas y siguen clasificaas, porque en ellas les va la condena y los años y la prueba del delitos, si es que hay prueba del delito en estos casos, como lo que se está reclamando por el juez Garzón"