Por ello, el abogado de Perote, Jesús Santaella, solicitará durante la vista la libre absolución de su cliente, quien se enfrentará a una petición del fiscal militar de 10 años de cárcel como autor de un presunto delito de relevación de secretos o informaciones relativas a la seguridad y defensa nacional, en su modalidad de procurarse información legalmente clasificada.

En su escrito, la defensa del coronel señala que ampoco existe constancia "suficiente y fehaciente" en el sumario de que la documentación presuntamente sustraída por Perote se trate de información legalmente clasificada sino que afirma que "lo acreditado es, desde el punto de vista de la conducta del imputado, una evidente voluntad de devolver lo inadvertidamente distraído entre sus efectos personales con caracter inmediato a la comprobación del hecho".

A su juicio, ello es "exactamente todo lo contrario de una 'apropiación', sin que la acusación haa acreditado -ni siquiera intentado a la vista de las pruebas propuestas-, cómo, cuándo, dónde, en qué manera el imputado realizó para sí copia de los documentos objeto del proceso".

Además, también destaca que tampoco está acreditado "el acto formal de clasificación" de los documentos de cuya apropiación está acusado, sino que los testimonios obrantes en las actuaciones, como el del ex director del CESID Emilio Alonso Manglano, coinciden "en que no se siguió, a lo largo de más de ocho años, en el traamiento de la documentación de autos ni uno sólo de los procedimientos y requisitos exigidos por la vigente legislación en materia de secretos oficiales". Por ello, añade, no existe delito ni se puede imputar a Perote responsabilidad penal alguna.

Por otra parte, Santaella denuncia en sus conclusiones, como cuestión previa, la violación de derechos fundamentales durante la tramitación de la causa, como la vulneración al juez predeterminado por la ley, al haber instruido el sumario un juez distinto delque lo inició, y a un proceso sin dilaciones indebidas, ya que, en su opinión, se han producido "espacios en blanco" durante la instrucción.

Asimismo, también destaca la conculcación del principio de contradicción y el derecho a ser informado de la acusación, puesto que ha debido formular el escrito de conclusiones provisionales sin haber podido tener acceso a todo el conjunto probatorio, al estar secretas las actuaciones, en contra de la "privilegiada" posición de la Fiscalía Militar.

Por el conrario, el fiscal señala en su escrito de acusación provisional que con anterioridad a su cese, Perote, abusando de su graduación y burlando todos los controles del CESID, "extrajo del centro las microfichas y las mantuvo en su poder por un tiempo no inferior a dos meses, obteniendo reproducción o copia de algunas de ellas y pudiendo haber efectuado incluso alteración o manipulación de su contenido".

Añade que realizó esto "sin riesgo alguno" de ulterior descubrimiento ante la imposibilidad de cotejar as microfichas con el original "por haberse procedido injustificada e injustificablemente a la destrucción previa de aquél por orden precisamente del propio procesado. Con esta maniobra, el procesado, coronel Perote, se hizo dueño y señor exclusivo del referido archivo".