Según dicho auto, es suficiente examinar las referidas microfichas para concluir que afectan a la seguridad y la defensa nacional.

Para llegar a esta concusión, el juez reconoce que el contenido de esa documentación clasificada como secreta es conocida "hasta este momento procesal tanto por el órgano judicial instructor como por el Tribunal Militar Central".

Esta afirmación permite deducir a las fuentes consultadas por Servimedia que el CESID, con autorización del Gobierno, ha puesto a disposición de la autoridad militar las documentación antes citada.

Según la defensa de Perote, esta posición "contradice" las tesis sostenidas por el Gobierno frene a las peticiones de esos mismos documentos por parte del juez Baltasar Garzón y que han llevado al Ejecutivo a promover un conflicto de jurisdicción que está aún pediente de resolución.

Jesús Santaella, abogado de Perote, declaró a Servimedia que esta postura es sorprendente por cuanto "parece hacer de mejor condición a la jurisdicción militar que a la ordinaria, eso sí, en evidente perjuicio de mi defendido y del supremo interés de la Justicia en esclarecer el caso GAL".

El Juzgado Togado Miliar Central número 1 ha denegado asimismo la petición de la defensa de expedición del testimonio solicitado de la declaración del comandante Enriquez de la Torre, quien acusó al coronel López Fernández de haberle coaccionado para intentar fabricar pruebas falsas contra Perote.

La razón de esta negativa es, según el auto de Palomino, que el interrogatorio fue declarado secreto en su día y por el momento esa orden no se ha levantado.

Sin embargo, según Santaella después de la citada declaración qued levantado el secreto del sumario por propia decisión del juez, quién además facilitó entonces testimonio de la misma a petición del letrado.

Santaella juzgó "extraño que, ahora, cuando se pide nuevamente testimonio a los efectos de ejercer acciones penales contra López Fernández, el Juzgado lo deniegue".

A su juicio, "cuando el juzgado entiende que lo procedente es que sólo ejerza acciones penales por tales hechos el comandante Enríquez, ignora que los delitos de coacciones son delitos perseguibes de oficio, no sólo a instancia de parte, debiendo el juez que ha tenido conocimiento de tales hechos deducir de oficio el oportuno testimonio de culpa, lo que no se ha hecho".

Por esta razón, el abogado anunció tras entrevistarse con su cliente ayer por la tarde en la prisión militar de Alcalá que ha recibido "instrucciones de querellarse contra el juez togado militar, Jesús Palomino, por la presunta comisión, entre otros, del delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 184 del Código enal Militar".