Según informaron a Servimedia fuentes jurídicas, el abogado de Perote solicita en su recurso la nulidad de dicho auto por estimar que vulnera varios derechos de su defendido y le provoca indefensión.

En concreto, según las citadas fuentes, el letrado alega en su recurso que la resolución de Palomino supone una violación al principio de contradición, dado que acordó el ingreso en prisión del coronel unilateralmente, sin contar con la opinión del ministerio fiscal ni de las partes.

Asímismo, Santaella estima que el auto del juez militar también supone una violación al principio que prohibe que la resoluciones judiciales provoquen indefensión, ya que imputa a Perote la apropiación de 9 documentos del CESID que no identifica ni tampoco precisa si los mismos afectan a la seguridad nacional o a la defensa del Estado.

El abogado de Perote tamién considera que la orden de ingreso en prisión viola el derecho constitucional de los imputados de no declararse culpables de un delito, puesto que fundamenta el encarcelamiento en que el coronel no devolvió dichos documentos del CESID cuando fue requerido por el juzgado para ello.

También califica Santaella en su recurso de improcedente otro de los argumentos empleados por Palomino para encarcelar a Perote, el haber facilitado al diario "El Mundo" dos documentos del CESID que éste publicó, el denomnado 'acta fundacional' de los GAL y una nota de despacho sobre la muerte de la etarra Lucía Urigoitia.

En este sentido, Santaella señala que el juez imputa a Perote una conducta ajena, puesto que el director de "El Mundo" ya ha declarado al magistrado que el coronel no facilitó dichos documentos al periódico ni directa ni indirectamente y agrega que, además, los mismos no afectan a la seguridad nacional.

Finalmente, el letrado alega que el último argumento del juez militar para encarcelar a Peroe, es decir, que haya hecho declaraciones a los medios de comunicación estando en situación de arresto domiciliario, supone una violación a los derechos constitucionales de libertad de expresión y de opinión, puesto que la medida de prisión cautelar no implica la incomunicación del afectado.