Así lo defendió este miércoles el CES, con motivo de la presentación de la Memoria de Actividad correspondiente al año 2021, en la que este organismo valora fijar un precio máximo del gas como “instrumento relevante para contener la inflación y evitar que el incremento de los precios provoque efectos de segunda ronda, a falta de un posible pacto para repartir el aumento de los costes de forma equilibrada”.

La Memoria indica que la economía española se enfrenta a dos corrientes inversas: “Por un lado, una recuperación tras la pandemia gracias a la liberación del ahorro, el rebote del turismo y los frutos del diálogo social; por otro, un repunte de la inflación por el intenso encarecimiento de la energía y las disrupciones en las cadenas globales de suministro”.

En cualquier caso, el presidente del CES, Antón Costas, descarta un escenario de estanflación, “teniendo en cuenta la actual tasa de crecimiento y la confianza de consumidores y empresas”.

La Memoria del CES, que en los próximos días se elevará al Gobierno y se presentará al Congreso y al Senado, radiografía de manera consensuada entre empresarios, sindicatos y sociedad civil organizada la situación actual de la economía y el empleo en España.

En este sentido, alaba los 14 pactos sociales entre Ejecutivo, sindicatos y patronal desde 2020, entre los que destaca la reforma laboral. Así, la Memoria subraya la recuperación del mercado laboral tras la pandemia que se ha “afianzado” en 2022 con un aumento de los contratos indefinidos y una reducción de la temporalidad, aunque considera que “todavía es pronto” para valorar la efectividad de la reforma.

ENSEÑANZAS

De cara al futuro, el presidente del CES sugiere “aplicar las enseñanzas que nos dejó 2021 en torno al extraordinario valor del diálogo social bipartito y tripartito para impulsar la recuperación y acordar medidas de reparto del coste de la crisis ante las consecuencias de la guerra en Ucrania y de las tensiones inflacionistas que genera desde el lado de la oferta”.

No obstante, el Consejo lamenta que la situación social siga resintiéndose de la pandemia, recordando que un 20,9% de hogares españoles están en situación de exclusión social en 2021, frente al 16% en 2018, pese al esfuerzo de las administraciones por desplegar políticas públicas para responder a los efectos de la crisis. En este punto, la Memoria alerta del riesgo de pobreza energética, acrecentada en los hogares de menor renta, y agravado en el contexto de aumento de los precios de la energía.

El CES afirma que “la reactivación económica, la protección social y las políticas de inclusión constituyen pilares fundamentales para la recuperación, que propició un crecimiento de los ingresos por cotizaciones sociales hasta máximos históricos, favoreciendo la reducción del déficit de la Seguridad Social hasta el menor registro desde 2013”. Y ello, según el Consejo, pone de manifiesto la necesidad de aumentar la inversión en protección social y de ampliar su alcance redistributivo.

En todo caso, señala que los desafíos de la desigualdad, la pobreza y la cohesión social y territorial, además de exigir programas de protección social redistributiva, “sólo se podrán afrontar con la creación de buenos empleos, para más personas y en más lugares”, lo que hacen “las buenas empresas”.

“Estamos viviendo una concatenación de calamidades. La pandemia, la guerra en Ucrania, la ruptura del orden geopolítico creado después de la Segunda Guerra Mundial… Sin embargo, a diferencia de otras épocas, se está manteniendo un nivel razonable de crecimiento gracias a la respuesta positiva de la UE con la suspensión de las reglas fiscales, el programa de vacunación y la creación de los fondos Next Generation”, añade el presidente del CES.

FONDOS EUROPEOS

Precisamente, el CES explica que ve los fondos europeos como una “palanca para transformar nuestro modelo productivo y mejorar la calidad del empleo”. Además, asegura que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia representa la “cuarta oleada de modernización y transformación económica en España en el último siglo y medio”, después de la reforma liberal de 1868, del plan de estabilización y liberalización de 1959-60 y de la entrada en la CEE en 1986.

Según Costas, 2023 será el “año clave” para el despliegue de fondos a través de los Perte. Finalmente, cree que los fondos europeos y el Plan de Recuperación permiten a España “marcar el rumbo de la transformación y alinear a todos los actores en la estrategia industrial de futuro que nuestro país debe trazar hacia la mejora de la capacidad productiva más allá de lo que el mercado, por sí solo, haría”.