Así se refleja en el último destacado publicado por el CES ‘Mejoras para integrar la dimensión social en la gobernanza’, al que ha tenido acceso Servimedia, en el que el organismo hace una serie de recomendaciones enfocadas a que la UE avance “hacia un mayor equilibrio de la dimensión social y la económica con el fin de asentar las bases del futuro en el largo plazo”.

En su documento, este órgano consultivo del Gobierno, presidido por Antón Costas, destaca que “la crisis producida por la pandemia difiere de la anterior, no solo en la naturaleza de la misma, sino también en la capacidad de respuesta de la Unión Europea para mitigar el impacto social”.

En concreto, el CES resalta que dicha respuesta cuenta con un programa de ayudas económicas “sin precedentes” y con una gobernanza económica “más robusta y permeable a la dimensión social”, pero invita a “seguir reflexionando” sobre cómo avanzar “hacia un mayor equilibrio de la dimensión social y la económica”.

De esta forma, la primera recomendación del CES es que “las reglas fiscales deberían retomarse dotándolas de flexibilidad suficiente para atender a los diferentes ritmos de recuperación de los Estados miembros y a la capacidad de estos para lograr que dicha recuperación sea inclusiva”. Las reglas fiscales europeas se han mantenido en suspensión durante 2020, 2021 y 2022 con el objetivo de permitir a los Estados miembro hacer un mayor gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia de covid-19.

En segundo lugar, aboga por que la inversión pública “en sectores estratégicos dirigidos a favorecer la transición digital y medioambiental, esenciales para la recuperación económica, debería acompañarse de la puesta en marcha efectiva de instrumentos que garanticen unas transiciones justas en términos de empleo y de bienestar social”.

Asimismo, también indica la conveniencia de “seguir avanzando en garantizar mecanismos de estabilización automática más ambiciosos y estables para hacer frente a futuras crisis sin tener que pasar por la incertidumbre de acuerdos políticos”.

Otra recomendación del CES es “dotar de mayor peso al Pilar Europeo de Derechos Sociales en el Semestre Europeo estableciendo objetivos claros y definidos que, bajo el principio de subsidiariedad, permitan garantizar unos niveles mínimos de bienestar a nivel europeo”.

A este respecto, además considera “interesante” incluir indicadores sociales como el de desigualdad social o pobreza, incluida la infantil, en los mecanismos de supervisión, como el Procedimiento de desequilibrio macroeconómico, “habida cuenta de su influencia en las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica de los Estados miembros”.

Por último, el CES apunta que la implicación de los interlocutores sociales en el proceso de gobernanza “ha ido aumentando progresivamente, aunque sigue siendo necesario avanzar para lograr una participación plena, tanto a nivel comunitario como nacional”.

Precisamente esta semana la Comisión Europea difundió unas orientaciones generales en materia de política presupuestaria para 2023 a los Estados miembros, entre las que recomienda “pasar de una orientación presupuestaria expansionista agregada en 2020-2022 a una orientación presupuestaria agregada globalmente neutra en 2023”, aunque “manteniéndose listos para reaccionar ante la evolución de la situación económica”.

En dicha comunicación, la Comisión indicó cinco orientaciones, que son “la coordinación de las políticas y una combinación coherente de políticas”; garantizar la sostenibilidad de la deuda mediante “un ajuste presupuestario gradual y de alta calidad y mediante el crecimiento económico”; fomentar la inversión y promover el crecimiento sostenible; fomentar estrategias presupuestarias coherentes con una perspectiva de ajuste presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; y que las estrategias presupuestarias diferencien y tengan en cuenta “la dimensión de la zona euro”.