Así lo ha propuesto el Cermi como sugerencia esencial en su documento de alegaciones al Proyecto de Acuerdo para el Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2024 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, que en estos momentos se encuentra en periodo de trámite de consultas.

El Cermi demanda al Imserso que se considere e introduzca un nuevo criterio objetivo que sirva de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios relativo al marco de cooperación administrativa e importe del nivel acordado entre la Administración General del Estado y las comunidades Autónomas.

Se trataría de incorporar con un 10% del crédito total previsto para el nivel acordado objeto de reparto, reduciendo proporcionalmente los que ahora aparecen en el Proyecto de Acuerdo, el criterio consistente en el peso de las prestaciones dirigidas a la autonomía personal dentro del total de prestaciones del sistema de la autonomía y atención a la dependencia de la Comunidad autónoma en cuestión.

Con ello, se favorecería con más participación, a modo de incentivo, en los recursos que el Estado aporta al nivel acordado, a las comunidades autónomas que más han sobresalido en promover la autonomía personal de las personas en situación de dependencia, evidenciado en un mayor número de prestaciones de esta naturaleza, considerando como tales los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal, con un peso dentro del 10% asignado anteriormente, del 3% y la prestación económica de asistencia personal, con un peso del 7%, dentro de ese 10% global.

Para el Cermi, es el momento de que a través del carácter “estimulativo” del nivel acordado en la parte que aporta el Estado se oriente el SAAD nítidamente hacia la promoción efectiva de la autonomía personal, y no a la mera dispensación de atención pasiva, que solo remedia o alivia, pero no activa. Esto contribuiría a que la prestación por ejemplo de asistencia personal, hoy exigua y minoritaria, inexistente o inapreciable incluso en algunos territorios por la desidia de sus Administraciones sociales gestoras, que desdeñan los mandatos de inclusión y autonomía, pudiera ir incrementándose progresivamente.

En este Acuerdo, a juicio del Cermi, deben verse plasmados, sin excusas, los valores y mandatos superiores cristalizados en el nuevo artículo 49 de la Constitución, máximo nivel normativo del Estado, que establece la autonomía personal y la inclusión como designios prevalentes de la acción de los poderes públicos en materia de discapacidad y de atención a las personas que requieren apoyos intensos para su autonomía y participación comunitaria.