Así lo reflejó en el documento presentado con la 'Propuesta de enmiendas del Movimiento Cermi (discapacidad organizada) al Proyecto de Ley de Información empresarial sobre sostenibilidad, mediante la que se modifican el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas - Trámite del Congreso de los Diputados'. En él, formula mejoras que tienen como finalidad “reforzar y garantizar la inclusión de la discapacidad y la accesibilidad universal”.

Según el Cermi, España tiene que seguir demostrando su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad, como ya lo hizo con la Ley 11/2018. Para ello debe fomentar “el cumplimiento de la normativa nacional existente” y de los principios y disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

El Cermi propone las enmiendas a la Disposición Transitoria Segunda del Proyecto de Ley, eliminando y añadiendo nuevo contenido. Justifica dichas enmiendas manifestando que, a diferencia de la Ley 11/2018, “el presente Proyecto de Ley deriva los contenidos específicos de los informes de sostenibilidad a lo aplicable según las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (NEIS en adelante)”. Como consecuencia, esta nueva Ley permitirá a las empresas reportar únicamente aquellos aspectos que la empresa determine como materiales.

“El empleo y la inclusión de las personas con discapacidad” se encuentra entre las definiciones de las “cuestiones de sostenibilidad contempladas en las NEIS temáticas”, refiriéndose principalmente al personal propio y a los trabajadores de la cadena de valor. Igualmente, el nuevo Proyecto establece “múltiples períodos de aplicación progresiva de determinados requisitos de divulgación”, como por ejemplo el referido al indicador del porcentaje de empleo de las personas con discapacidad, que se puede omitir el primer año.

Por otra parte, considera que en el proyecto, a pesar de garantizar la obligatoriedad de las empresas que estaban bajo la Ley 11/2021 de no omitir información durante el primer año que se aplican las NEIS, existe un vacío respecto a los años sucesivos y las empresas que no estaban afectadas por dicha Ley.

Para el Cermi, esto último resulta “alarmante”, ya que la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que las empresas, dependiendo de su tamaño, deben tener empleados a un porcentaje determinado de personas con discapacidad, salvo que, de manera excepcional, se apliquen las llamadas “medidas alternativas”: La obtención de estos datos e información, y su seguimiento para los grupos de interés, se hará más complicada si no se enmienda la Disposición Transitoria Segunda del Proyecto de Ley.

Además, indica que el nuevo texto no hace referencia al concepto de “accesibilidad universal” ni otros términos relacionados con la discapacidad, como sí lo hacía la Ley 11/2018. Desde el Cermi también se plantea la necesidad de “reforzar la información sobre personas con discapacidad en los órganos de gobierno” y destacan la existencia en España de, por ejemplo, el sello Bequal, el cual “acredita la excelencia en materia de inclusividad de las personas con discapacidad en las empresas”.