El Cermi entiende que esta medida de acción positiva facilitaría la movilidad de aquellas personas que tienen que hacer un uso más intenso del vehículo privado para sus desplazamientos que el resto de la población, al no existir todavía un sistema de transporte público que reúna las debidas condiciones de accesibilidad.

Además, considera que "sería también una forma de compensar el sobrecoste económico en que incurren las personas con reducción de movilidad por causa de su discapacidad en el acceso a bienes y servicios básicos como es el del transporte".

Según informó el comité, diversos estudios recientes indican que una persona con discapacidad soporta un sobreesfuerzo económico añadido de entre un 40 y 50% en relación con las personas sin discapacidad por el acceso a los mismos servicios.

Los conductores con discapacidad, por ejemplo, tienen que realizar adaptaciones en sus vehículos privados para poder manejarlos, lo que incrementa su coste en una media de un 40% respecto del precio habitual.

En España no existen ayudas oficiales para afrontar este coste de adaptación, como ocurre en otros países, por lo que el Cermi entiende que "se necesitan medidas alternativas que compensen este mayor esfuerzo".