Este nuevo plan, según el Cermi, debe sentar las bases de unas políticas de inclusión educativa que garanticen el derecho a la educación de los alumnos con discapacidad, con arreglo a criterios de atención de calidad a la diversidad. Asimismo, debe proporcionar los apoyos necesarios para que los principios de integración e igualdad sean plenamente efectivos en el ámbito educativo.

Para el Cermi, el avance social de las personas con discapacidad requiere de políticas activas, firmes y sostenidas en el ámbito de la educación, pues el éxito en cuestiones de ciudadanía, empleo, acceso normalizado a bienes y servicios, depende de la calidad de la inclusión educativa. Por eso, considera imprescindible que en la agenda política educativa figuren con preferencia los asuntos de discapacidad.

Además, el Cermi planteó al nuevo titular de Educación otras iniciativas en este terreno como la mejora del régimen de becas y ayudas al estudio, en los casos de discapacidad, la adaptación de la legislación educativa española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.