Mario García, que compareció hoy en la Comisión no permanente del Congreso para el seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, explicó que "estas prestaciones quedarán configuradas como derechos subjetivos perfectos y en un plano de igualdad para todas las personas cualquiera que sea el lugar de su residencia".

En su intervención, el presidente del CERMI solicitó también el cambio de nombre de la Ley de Dependencia y dio como alternativa dos nombres: "apoyos a la vida participativa o independiente" o "sistema nacional para la autonomía personal".

Otra de las peticiones de Mario García es que la futura Ley de Dependencia incluya a los menores discapacitados o grandes minusválidos, menores de 65 años, ya que, según sus datos, unos 600.000 discapacitados con problemas de dependencia son menores de 65 años.

El presidente del CERMI denunció también "la escasez de recursos que se dedican a la cobertura de las situaciones de necesidad generalizada de apoyos que afectan a las personas con discapacidad, y que no guardan relación con el nivel de desarrollo económico y social de España".

Respecto a la financiación, Mario García se mostró partidario de una financiación de las prestaciones y servicios que deberá llevarse a cabo siguiendo el esquema de de financiación tal y como está establecido en la propia Ley General de la Seguridad Social, diferenciando entre prestaciones de carácter contributivo (a través de cotizaciones sociales) y prestaciones de carácter no contributivo (financiadas por impuestos).