La legislación española vigente, aprobada en 1985, admite el aborto eugenésico para evitar el nacimiento de un niño o niña con discapacidad, lo que, según el Cermi, supone implícitamente considerar la vida de una persona con discapacidad menos valiosa que la de otra persona sin discapacidad.

Se trata, en opinión del comité, de un supuesto discriminatorio desde una perspectiva de derechos humanos y pide que la vida de las personas con discapacidad sea tratada con dignidad y protegida por el ordenamiento jurídico.

El Cermi deja claro que la plataforma no tiene una posición institucional sobre la regulación legal de la interrupción voluntaria del embarazo, "ya que esta cuestión no forma parte por sí misma de la agenda política de la discapacidad", y cree que "cualquier postura al respecto pertenece a la esfera propia de la persona".

Sin embargo, tiene una posición beligerante contra cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad y hace reflexiones y propuestas para que en la legislación española se erradique cualquier trato desigual contrario a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Cermi comparte esta posición con el movimiento internacional de la discapacidad agrupado en el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF).

DECISIÓN MADURA E INFORMADA

Además, considera que la decisión sobre la interrupción de embarazo debe ser madura e informada, y cuando guarde relación con la discapacidad debe contar con un conocimiento real y directo de lo que es y supone la discapacidad individual y familiarmente, así como de los recursos y apoyos existentes.

Por este motivo, considera necesario que la nueva legislación establezca protocolos de contacto y relación de la mujer, o la pareja progenitora, con personas con discapacidad. Para ello, se debe prever la colaboración activa de las organizaciones de la discapacidad, que pueden prestar un servicio especialmente indicado para este propósito.

Del mismo modo, el personal sanitario y los demás profesionales, a su juicio, deben tener una formación adecuada sobre la discapacidad y ofrecer información objetiva, neutral y sin prejuicios de lo que es la discapacidad, para que los afectados puedan tomar una decisión libremente.