Dado que España, a través de su movimiento social de la discapacidad y del Gobierno, fue el país que más contribuyó a la aprobación de esta Directiva, pendiente desde hace años en la agenda legislativa europea, el Cermi entiende que el país ha de ser también vanguardia en la transposición de la norma al Derecho español, tanto en el tiempo como en el contenido.

El Cermi organizaba hace pocas semanas una sesión de trabajo de personas expertas sobre el asunto de la transposición que España debe afrontar y obtenía conclusiones claras de cómo proceder, como que la norma española debe ser un real decreto, con lo cual se acelera el trámite; y también que el país debe ser ambicioso en el proceso para ir más allá de los contenidos de la Directiva, que tienen el carácter de mínimos, que pueden y deben ser mejorados en sede nacional.

Según el Cermi, “el Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es el responsable de iniciar ya el trámite para una pronta transposición de la Directiva, para lo cual ha de sacar cuanto antes la consulta pública previa, a fin de escuchar a todas las instancias concernidas, y avanzar en una norma más que necesaria en diálogo y consenso con la sociedad civil de la discapacidad”.