Así lo ha planteado el Cermi en un escrito remitido al ministro, en el que se insta a su departamento a tomar conciencia" de esta grave situación y a actuar política y normativamente para solventarla". El escrito se complementa con un amplio informe descriptivo de la repercusión negativa que la legislación sobre desindexación está teniendo en la iniciativa social.

El Cermi explica que las disposiciones vigentes sobre desindexación "están generando severos problemas a las entidades sociales que presentan servicios sociales por delegación de las administraciones públicas", regulados por la legislación de contratación pública, ya que impide actualizar el coste de los servicios de acuerdo al incremento de la inflación, del coste de los suministros o para hacer frente al impacto salarial de la negociación colectiva.

Añade que esta limitación hace que las entidades sociales incurran en elevadas pérdidas económicas que comprometen su sostenibilidad financiera y hasta su propia continuidad, con el riesgo de que colapsen apoyos sociales esenciales. Por ello, el Cermi solicita a Economía que se excluya al Tercer Sector por razón de interés social de la normativa de desindexación, interpretando y aplicando aunadamente esta regulación con la de contratación pública, que lo permite.