En las cartas, el director ejecutivo de la organización, Luis Cayo Pérez-Bueno, denunció que el borrador no contempla "la reserva de plazas del 5% para las personas con una discapacidad igual o superior al 33% prevista por Ley ", ni "la adaptación de las pruebas para los aspirantes con discapacidad", tanto en las pruebas de acceso como en las de promoción interna.

En este sentido, el CERMI consideró necesario incorporar una mención a que las personas con discapacidad dispondrán "de los recursos humanos y materiales que garanticen su efectiva igualdad de oportunidades con relación al resto de aspirantes".

Las cartas fueron remitidas, respectivamente, al subsecretario del Ministerio, Fernando Gurrea, y al subsecretario general de Personal Docente e Investigador, Álvaro Zaldívar.

Asimismo, entre las sugerencias que incorpora la carta se plantea que, al igual que el borrador otorga prioridad en el cambio de plaza a las víctimas de violencia de género, debería hacerse de igual modo cuando un funcionario, "por razón de su discapacidad, no pueda desarrollar con normalidad sus funciones por falta de recursos o de accesibilidad en el centro docente o en la localidad donde se ubique éste".

De igual modo, en opinión del CERMI, se debería reducir la jornada laboral de estos funcionarios (como se plantea para los mayores de 55 años).

Finalmente, el CERMI reivindicó en las cartas que se haga efectivo un "compromiso de garantizar la accesibilidad de los centros y la eliminación de barreras de todo tipo".