“A pesar de que esta Directiva europea fue adoptada en 2019, con un generoso plazo de transposición, el Estado español ha infringido el límite máximo para convertir en derecho nacional este cuerpo normativo que establece unos parámetros comunes de accesibilidad a determinados bienes y servicios”, explicó el Cermi.

Según el Cermi, “el incumplimiento por parte del Gobierno español, en concreto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de este compromiso europeo expone a nuestro país a la apertura de un procedimiento de infracción por inobservancia de la legislación europea”. Por ello, exige que Gobierno apruebe de forma inmediata la Ley de trasposición de la citada Directiva, con el objetivo de que España “desarrolle los mandatos europeos y se avance en la exigibilidad de la accesibilidad de determinados productos y servicios”.