Lo hizo durante el seminario virtual 'La transposición al Derecho interno de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 de accesibilidad a productos y servicios'.

La ponencia sobre la Directiva (UE) 2019/882 y la regulación nacional pendiente de accesibilidad a bienes y servicios fue de la mano del presidente del Cermi Comunidad de Madrid y asesor jurídico del Cermi Estatal, Óscar Moral Ortega, quien expuso el recorrido que hizo el Cermi durante el proceso judicial para reclamar la regulación reglamentaria del acceso a los bienes y servicios. Sin embargo, el Gobierno aún sigue sin desarrollar esos mandatos legales.

Moral abogó por un “reglamento contundente, claro, y eficaz”, y señaló que, tras la sentencia, “le corresponde al Gobierno aprobar este reglamento, contando siempre con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad”.

El doctor ingeniero y profesor titular en la Universidad Politécnica de Madrid, Miguel Ángel Valero Duboy, planteó una ponencia sobre las oportunidades para la accesibilidad TIC de la transposición de la Directiva (UE), y enfatizó en la necesidad de garantizar una accesibilidad real y universal en todos los entornos, digitales y físicos.

Valero insistió en la necesidad de incorporar la accesibilidad desde una visión universal, para garantizar la accesibilidad en todos los sentidos y de adoptar un enfoque “sostenible y escalable”.

El presidente de la Fundación Caja Navarra y Patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, Javier Miranda Erro, aportó orientaciones para el proceso legislativo español de transposición de la Directiva y declaró que la normativa establece que las directivas se deben cumplir a plazo.

La clausura del seminario virtual corrió a cargo del delegado del Cermi Estatal de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, Gregorio Saravia Méndez; y de la directora Ejecutiva del Cermi Estatal, Pilar Villarino.

Gregorio Saravia resaltó que la transposición de esta Directiva “es clave para la garantía y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, ya que permite que la sociedad sea más inclusiva y facilita su autonomía”. “Estamos ante una cuestión de Derechos Humanos” enfatizó.