"La eventual participación de la persona en el coste del servicio deberá llegar hasta un límite máximo, evitando el efecto 'confiscatorio', en el sentido de dedicar todos sus recursos a sufragar los costes", subraya el Cermi en un manifiesto elaborado con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de la Discapacidad.

La denominación de la futura ley, a juicio del Cermi, debería ser "Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Situaciones de Dependencia" y tendría que encuadrarse en las atribuciones del Estado en materia de Seguridad Social, ya que en este marco se regulan los derechos subjetivos que aseguran el grado máximo de equidad territorial.

También sería necesario, continúa el comité, la creación de un Sistema Nacional de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Situaciones de Dependencia, en el que estuvieran representados la sociedad civil y los movimientos sociales, en concreto las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.

Por otra parte, se ha de vigilar que la regulación aprobada esté en armonía con otras regulaciones preexistentes, como las de la Seguridad Social y la Fiscal, con el fin de no retroceder en los grados de protección social, económica y fiscal ya existentes, continúa el comunicado.

Para el Cermi, es necesario que la cobertura de las necesidades de apoyo se extienda a todas las etapas de la vida y que se protejan todas las situaciones de necesidad existentes, desde las dificultades físicas y cognitivas a la de autodeterminación personal y el gobierno de uno mismo.

BAREMO UNICO

A partir de ahí, la plataforma que representa a los discapacitados apuesta por la creación de un baremo o sistema de valoración que mida "ajustadamente" estas situaciones, que tenga en cuenta el factor del género y en el que se preste especial atención a la infancia con discapacidad, fomentando la autonomía personal y evitando futuras situaciones de dependencia o de desventaja.

El procedimiento de valoración, según el comité, ha de ser de carácter estatal, único y vinculante para todas las Administraciones, y entre los aspectos a valorar deberían figurar el grado de necesidad de apoyo tanto personal como del entorno inmediato de la persona, circunstancias familiares o condiciones sociales.

La ley debe incorporar un bloque de medidas que favorezcan la autonomía personal y medidas preventivas o atenuadoras de las situaciones de dependencia, por lo que, entre los dispositivos de apoyo del sistema, debe figurar necesariamente el del asistente personal.

Igualmente, la norma ha de reconocer el papel de la iniciativa social en la gestión de servicios y prestaciones dirigidas a la promoción de la autonomía personal y la atención a las situaciones de dependencia.

En cuanto a la financiación, el sistema por el que opta el Cermi debería estar radicado en la Seguridad Social y tener las fuentes de financiación propias de este sector de la acción pública.

"Dado que esta opción está fundamentada en un sistema de derechos, las necesidades sociales deben ser atendidas por los poderes públicos en un régimen de universalización y con carácter gratuito", dicen los representantes de las personas con discapacidad.