El estudio se centra en las diferentes modalidades de trabajo de los mecanismos de supervisión sobre el cumplimiento del tratado internacional de la discapacidad.

El Cermi resaltó la importancia de los indicadores para medir y analizar la aplicación del Convención. Considera que es clave contar con políticas públicas que puedan ser monitoreadas y mejoradas.

Señala el Comité que la medición del bienestar de las personas con discapacidad debe hacerse de acuerdo con patrones ligados a la exclusión estructural y sistemática que padecen.

Asimismo, indicó que la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 proporcionó un marco para que España cumpliera con sus obligaciones en virtud de la Convención, en la medida en que identificó doce áreas de acción y medidas estratégicas para la acción política y reconoció la importancia de monitorear y reportar el progreso.

El Cermi viene realizando esta tarea y en sus informes anuales, desde el lanzamiento de la citada Estrategia, informanado que las lagunas de datos en las áreas de actuación no se han cerrado, incluso ampliándose en algunas de ellas. La aplicación de estrategias de medición adecuadas permiten informar y evaluar el impacto de las iniciativas gubernamentales en la vida de las personas con discapacidad y ayudan a identificar las prioridades políticas emergentes, concluye el Comité.