Así lo anunció este miércoles la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras presentar los últimos datos sobre la contribución de los trabajadores extranjeros a la economía española.

Hasta la fecha, “hemos recibido unas 23.000 solicitudes” de personas que vivían en municipios valencianos afectados por las inundaciones para acogerse a esta regularización extraordinaria", afirmó. De ellas, más del 95% se han resuelto “de forma positiva”, agregó.

Preguntada sobre la petición de unas 30 organizaciones sociales para que presentar el padrón no sea un requisito imprescindible en este proceso, Saiz aseguró que su departamento “practica la escucha” y el diálogo, aunque recalcó la necesidad de este documento.

“Es un vínculo que pedimos” para verificar la residencia en los municipios afectados por la catástrofe, remarcó.

La ministra también fue interrogada por el efecto que el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, que entrará en vigor el 20 de mayo, tendrá en aquellos solicitantes de protección internacional que vean rechazada su demanda (no podrán computar este tiempo de espera a la hora de solicitar la residencia por la vía ordinaria).

“Somos plenamente conscientes de la especial vulnerabilidad de quienes han tenido que dejar su país porque su vida corría peligro”, afirmó. Por ello, su situación “debe quedar totalmente clara” en la normativa, y resaltó la necesidad de “desatascar esta vía”.

Defendió que la situación particular de cada persona migrante “ha de estudiarse caso a caso”, porque cada “circunstancia es distinta” y no todos los migrantes son susceptibles de recibir protección internacional.

Con todo, subrayó que el nuevo reglamento “ofrece una mejora en las posibilidades de regularización”, al ampliar el arraigo y "definir hasta cinco opciones dentro de esta figura”.

Además, la ministra aseguró que ya está en marcha “un plan de choque” para aumentar los recursos en las oficinas y centros dedicadas a la tramitación de las solicitudes de asilo.

Por otro lado, quiso subrayar “la colaboración entre el Gobierno central y Canarias” a fin de dar cumplimiento al auto del tribunal Supremo que ordenaba al Estado a hacerse cargo de unos 1.200 menores solicitantes de asilo acogidos en las islas.

El decreto-Ley sobre los traslados automáticos de menores migrantes entre comunidades Autónomas permitirá “dar respuesta a la situación” de estos menores, que figuran en el cupo de los 4.400 que tendrán que salir de Canarias y Ceuta estos primeros 12 meses.

Asimismo, aseguró que se estudiará caso a caso si estos niños o adolescentes deben permanecer en Canarias o ser trasladados a otros territorios.

El interés superior del menor “ha de prevalecer siempre”, y llamó a tener en cuenta consideraciones como su arraigo en el territorio, si viven con una familia, si están estudiando, etc.