En un comunicado, Cepyme explicó que, a partir de mañana, los empresarios con su negocio en estado de insolvencia tendrán la obligación de solicitar la declaración formal de concurso de acreedores. Del mismo modo, los acreedores, después de más de dos años de moratoria, podrán poner en marcha dicho procedimiento para solicitar el pago de sus deudas.

Según Cepyme, durante el mes de septiembre será cuando se presenten la mayoría de los procedimientos debido a que agosto es un mes inhábil en los juzgados de lo Mercantil y al plazo de dos meses para la presentación voluntaria del concurso. A esta demora “favorece también el hecho de que la nueva Ley Concursal se encuentra todavía en tramitación parlamentaria, por lo que algunas empresas esperarán antes de presentar su expediente por si les beneficia la nueva norma”.

La patronal de pymes solicitó prever un “posible colapso” de los recursos en los juzgados de lo Mercantil después del verano, “lo que tendría un importantísimo coste económico para las empresas”.

En cuanto a la reforma concursal, que sustituirá a la moratoria y que hoy se somete a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, Cepyme explicó que se espera que beneficie a la mayoría de las pymes en el medio plazo, pero no a las microempresas que se encuentran en estos momentos en riesgo de insolvencia. La mayoría de éstas se acogerá al procedimiento abreviado de concurso de acreedores debido a que una gran parte ha agotado su patrimonio durante la pandemia.

A falta de concluir la tramitación parlamentaria, la nueva normativa incorpora “importantes cambios que serán favorables para el tejido empresarial en el medio y largo plazo” como un nuevo proceso abreviado que se prevé menos burocrático y mucho menos gravoso para las pymes y microempresas sin patrimonio, el impulso de los planes de reestructuración y facilidades para las ventas de unidades productivas, según Cepyme. No obstante, advirtió de que en el corto plazo, estos instrumentos no podrán beneficiar a la mayoría de las empresas que arrastran meses de insolvencia.

Cepyme alertó de que la situación de las pequeñas y medianas empresas es “preocupante” por la crisis inflacionaria que se suma a la situación que arrastraban de la pandemia y recordó que, según el barómetro de la propia patronal del primer trimestre, casi la mitad de las empresas han visto reducidos sus márgenes por el incremento de costes y un 15% veía en riesgo la viabilidad de su compañía.

La moratoria concursal se puso en marcha para dar un alivio a las empresas que afrontaban dificultades económicas durante la pandemia e intentar mejorar su situación antes de que tuvieran que llegar al concurso de acreedores. Sin embargo, en los últimos meses el número de concursos ha seguido aumentando y en mayo repuntaron un 5,3% en términos interanuales, según datos del Colegio de Registradores. La deuda comercial con retraso de pago se incrementó un 17,3% en el tercer trimestre de 2021, situándose cerca de los 280.000 millones de euros.