Este compromiso de colaboración, que se prorroga durante 2025, permite identificar trámites, barreras administrativas y cargas burocráticas innecesarias, redundantes o excesivas, así como sugerir cambios o medidas que faciliten la tramitación y gestión con la Administración, quien se encarga de analizarlas y buscar una solución.

El balance global de las siete entidades firmantes de convenios en el ejercicio 2024 ha recogido 175 propuestas que han permitido, entre otras, mejorar la herramienta Factura-e, así como simplificar trámites para solicitar el Kit Digital, reducir plazos de respuesta de la Administración, establecer canales de atención e información a los usuarios, además de mejorar las guías de ayuda en el manejo de aplicaciones y orientación en determinados procedimientos.

En particular, Cepes ha propuesto la modificación de 20 trabas administrativas de interés para los diferentes modelos empresariales enmarcados en la economía social, que afectan a ocho ministerios, además de a registros autonómicos de cooperativas y sociedades laborales, entre otros organismos públicos, y que supondrían un ahorro de casi 35 millones de euros.

El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, señaló que “la prórroga de este convenio para 2025 demuestra la efectividad y pertinencia de una línea de trabajo en la que llevamos ya cuatro años colaborando. Fortalecer este compromiso de colaboración público-privada es fundamental para identificar trámites y cargas administrativas o burocráticas que afectan a las empresas y entidades de economía social, ya sea en su creación o durante el desarrollo de su actividad”.