Ambas organizaciones consideraron “esencial” que el consumidor “pueda acceder a su información financiera en el formato que mejor se adapte a sus necesidades, evitando así el riesgo de pérdida de control sobre las cuentas y consumos”, según informó Ceoma.

A su vez, reclamaron al Gobierno que garantice “el derecho del cliente bancario a elegir libremente el formato de sus comunicaciones en el marco del plan de medidas que deberá adoptar próximamente para favorecer la inclusión de los colectivos más vulnerables”.

En ese sentido, solicitaron “equiparar la protección del consumidor financiero a la que brinda la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios respecto al formato de recepción de las facturas”, tal y se establece en el artículo 63.3 de la Ley 3/2014 de 27 de marzo.