Los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Fernando Puig, y UGT, Toni Ferrer, informaron del contenido de esta reunión en una rueda de prensa que estuvo precedida por otra ofrecida por los líderes de ambos sindicatos, José María Fidalgo y Cándido Méndez, en la que anunciaron la convoatoria de una manifestación para diciembre, posiblemente el día 20 ó 21, en Madrid y en todas las capitales de provincia.

Al término del encuentro entre sindicatos y empresarios, el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, no quiso concretar las propuestas que han puesto encima de la mesa para los contratos fijos, y se limitó a decir que estos contratos deben parecerse en costes y configuración a la media europea. Aseguró que los contratos fijos en España tienen unos costes un 30%-50% por ncima de la media europea, y una configuración más rígida y burocratizada.

Jiménez Aguilar dijo que la CEOE analiza varias alternativas y que su propuesta es abierta y no es única. Según Ferrer y Puig, la patronal ha planteado una triple actuación: en las negociaciones con el Gobierno, que se rebajen las cotizaciones del contrato fijo, y en las que mantiene con los sindicatos, que desaparezca la tutela judicial para los despidos individuales por causas objetivas o que se rebaje la indemnización por depido para todos los nuevos contratos, proponiendo una horquilla entre 33 días y 20 días por año trabajado.

Puig dijo que lo que pretende la patronal es la descausalización o la desaparición de la tutela judicial en los despidos individuales por causas objetivas, con lo que el trabajador no podría recurrir a los jueces para probar que su despido es improcedente, o que la indemnización por despido sea tan baja que haga inútil discutir si un despido es procedente o improcedente.

Según Ferrer y Puig,de las propuestas de los empresarios se desprende que el contrato fijoSegúno, el que tiene una indemnización de 45 días por año trabajado, quedaría como "una especie de pieza a extinguir" dentro del Estatuto de los Trabajadores. Además, a su juicio, sería casi imposible calificar un despido como improcedente, al no poder recurrir a los tribunales, y también afectaría a los trabajadores fijos actuales.

A su juicio, lo que quieren los empresarios es "ampliar su capacidad unilateral para contratar y espedir". Para Puig y Ferrer, lo que pretende en el fondo la patronal no es una discusión sobre el valor final de la indemnización por despido, sino una modificación del actual modelo de relaciones laborales para recortar los derechos de los trabajadores.

Los responsables sindicales dejaron claro que no quieren que se cambien las causas del despido ni que desaparezca la tutela judicial ni se abarate el despido, y se mostraron seguros de que la negociación no será fácil y será larga en el tiempo.

errer explicó que en la próxima reunión, prevista para el lunes, darán una contestación clara a los empresarios, aunque fueron tajantes al decir que sus propuestas no les gustan y que son "absolutamente inútiles" para cortar "la sangría de la temporalidad". En ese encuentro, los empresarios también contestarán a las propuestas de los sindicatos para los contratos temporales.

DECLARACION PUBLICA

Por su parte, Cándido Méndez y José María Fidalgo, volvieron a pedir al Gobierno que respete la negociació autónoma entre empresarios y sindicatos sobre el mercado laboral, y exigieron al Ejecutivo que haga una manifestación clara y pública de que no impondrá unilateralmente una reforma. Añadieron que esto debería hacerlo en la reunión prevista para el jueves con el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, que seguirá a la que el miércoles mantendrá el ministro con los empresarios.

Para Méndez, "sería desaconsejable que un paquete legislativo importante para el país sea impuesto, y que al conflicto políico y a una situación económica con nubarrones se añada un conflicto social". Por ello, reiteró al Ejecutivo que siga el camino de 1996, que permitió acuerdos con el Gobierno y los empresarios.

Fidalgo y Méndez anunciaron que los sindicatos iniciarán la próxima semana una campaña de movilizaciones, con asambleas en las empresas y la convocatoria de manifestaciones en diciembre, posiblemente el día 20 ó 21, en Madrid y todas las capitales de provincia.

"Vamos a movilizar", explicó Méndez, "porque o tenemos la suficiente confianza en que el Gobierno mantenga una posición de escrupuloso respeto del diálogo autónomo entre empresarios y sindicatos, y porque no confiamos en que la patronal esté dispuesta a abordar una negociación en profundidad sobre la reducción de la temporalidad".

Méndez advirtió que si el Gobierno rompe la "regla de oro" de respeto a la autonomía de los agentes sociales, el clima de movilización y crispación se mantendrá toda la primavera. Además, dijo que las movilizaciones dediciembre no se desconvocarán aunque el Gobierno se comprometa a no imponer una reforma unilateralmente, y se dirigirían a informar en profundidad a los trabajadores sobre las reivindicaciones sindicales.