La decisión fue adoptada por la Junta Directiva de la patronal este miércoles, según adelantó ‘Expansión’ y pudo confirmar Servimedia en fuentes de la propia CEOE, que no solo mostraron su disconformidad por el fondo de la decisión, sino por la forma.

A juicio de la patronal, esta decisión vulnera el acuerdo de los ERTE en el que sindicatos, patronal y Gobierno acordaron estas cuestiones y compromete a empresas que puedan estar en una mala situación. “Se ha saltado el diálogo social y esto no deja de ser un reglamento de lo que son unos contenidos que se pactaron. Se acordó la fórmula”, censuraron estas fuentes.

Además, añadieron que “siempre ocurre lo mismo: pactan la mayor, pero cuando llega el reglamento incumplen lo pactado”. Por ello, criticaron que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, “se ha convertido en la campeona en saltarse los acuerdos del diálogo social”.

El cambio legal fue introducido en julio, en una disposición que modifica el Real Decreto 1483/2012, el reglamento en vigor que regula los despidos colectivos y la suspensión de contratos. Así, cuando una empresa vaya a cerrar uno o varios centros y ello afecte a 50 o más trabajadores, la compañía deberá notificar esta decisión a la Dirección General de Trabajo, dependiente del Ministerio dirigido por Yolanda Díaz, con seis meses de antelación a la fecha de inicio del diálogo con los actores sociales. También deberá notificarlo a los sindicatos y, en su caso, también a la comunidad autónoma afectada.

El enfado de los empresarios llega después de que el año pasado ya criticaran a Díaz por acordar con Bildu obligar a que las empresas que quieran acometer un despido colectivo tengan que notificarlo a la Inspección de Trabajo que, además, tendría que pronunciarse al respecto.