Este martes, la formación vasca informó del acuerdo con Trabajo para dotar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de la capacidad y potestad para la autorización administrativa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Para Bildu, gracias a esta enmienda, se dotará a la Inspección de Trabajo de “un papel decisorio en la supervisión y el control de los despidos colectivos para que obedezcan a causas objetivas” y constituirá una “protección extra” para los trabajadores que se encuentran en riesgo de iniciar un ERE.

En concreto, esta medida se incluirá en la ley a través de una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores. Tal y como recoge la enmienda transaccional aprobada, la autoridad laboral recabará "con carácter preceptivo" y obligatorio el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá ser evaluado en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas para incorporarlo al procedimiento.

Concretamente, la enmienda aprobada detalla que "el informe de la inspección se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas en la comunicación inicial y constatará si la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta para despedir".

Según las patronales, esta cuestión fue debatida y apartada “de mutuo acuerdo” en la negociación de la reforma laboral “en aras del consenso.

Por ello, calificaron la actuación del Ministerio a través de la enmienda con EH Bildu con una “ruptura de la buena fe negocial, imprescindible en todo proceso de negociación”, lo que invalida a Trabajo como “interlocutor fiable”.

Con todo ello, las patronales indicaron que “a la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe”.

Además, advirtieron de que la modificación “es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene la normativa europea”, que “no admite una regulación que sustraiga al empresario la facultad decisoria como establecen numerosas sentencias”. La cuestión será abordada a nivel interno en la Junta Directiva de CEOE del próximo 21 de diciembre.