Según explicaron a Servimedia, sobre la central, propiedad de Endesa, pesa una acción legal, promovida por Viader, especializado en temas medioambientales, y varios colectivos de agricultores de la comarca tarraconense de La Senia por haber sobrepasado de forma habitual los límites reglamentarios de emisiones de dióxido de azufre (SO2), causantes de la lluvia ácda.

El juez instructor de Alcañiz (Teruel) ha decidido archivar la demanda contra la térmica de Andorra, ateniéndose a un informe del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón, según el cual estas centrales pueden emitir hasta 17.000 miligramos de SO2 por metro cúbico, cuando el Reglamento de Prevención de Contaminación Atmosférica fijaba en 1975 el tope máximo en 9.000 miligramos.

La acción legal promovida en 1988 por Viader y otros colectivos ecologistas, ayuntamientos de la zona y agricultoes como acusación particular, señalaba el constante incumplimiento de ese límite de 9.000 miligramos. En su opinión, el juez de Alcañiz ahora pretende justificar esa infracción poniendo el límite en el doble de esa cantidad, contraviniendo la ley española y la normativa de la UE, que lo fija en 400 miligramos por metro cúbico.

DAÑOS IRREPARABLES

Según los denunciantes, la térmica de Andorra emite unas 620.000 toneladas anuales de SO2 (es decir que sólo esta central produce el doble que toda la indusria sueca junta), lo que está provocando daños irreparables a las masas forestales, las aguas y la fauna de Teruel, Castellón y Tarragona.

"Las emisiones de dióxido de azufre de Andorra afectan a un área de 200.000 hectáreas y son las responsables de la deforestación de gran parte de la comarca de La Senia, de la elevación de los índices cancerígenos y de enfermedades pulmonares y de la ceguera de las cabras hispánicas de la zona", aseguró Carlos Ferreres, portavoz de los agricultores de la zona.

Otra de las consecuencias de la lluvia ácida generada por las emisiones tóxicas de la central térmica, sólo superadas en nuestro país por la de As Pontes en Galicia, ha sido la imposibilidad de controlar los incendios producidos en el Maestrazgo castellonense el pasado verano, ya que el azufre propagaba las llamas.

ACUERDO EN EL AIRE

Viader señaló que de los acusadores que iniciaron el pleito civil contra la central de Andorra en 1988, se retiraron los ayuntamientos de la zona y las asociaciones ecoogistas tras firmar un acuerdo con Endesa para que ésta redujese sus emisiones tóxicas en un 90 por ciento y crease una fundación para la regeneración medioambiental que dotaría con 5.000 millones a estas localidades para proyectos de repoblación forestal y limpieza del entorno.

Los denunciantes que han permanecido como acusación privada (Viader y los agricultores) aseguran que después de aquella operación Endesa sigue sin reducir sus emisiones y el dinero aportado para regeneración ecológica, subvenconado por la UE, está sirviendo para otros proyectos municipales, pero no para mejoras medioambientales.