Lo hicieron después de que el pasado 19 de noviembre se registrara la proposición de Ley de Memoria y Justicia para la Reparación de las Personas Trans y Lgtbi por motivos de Identidad y/o Expresión de Género u Orientación Sexual, promovida por la Federación Plataforma Trans y que fue firmada por Podemos, Sumar, ERC, Bildu, Junts y BNG.

La Federación Plataforma Trans recordó que la modificación en 1954 de la Ley de Vagos y Maleantes “sentó las bases para la persecución, estigma y privación de libertad de las personas de la disidencia sexual”. Esta norma, que fue sustituida en 1970 por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, llevó a la cárcel o al destierro a cerca de 5.000 personas.

Ya en 1978, el Gobierno de UCD excluyó la homosexualidad de la norma; pero la figura de ‘Escándalo Público’ se mantuvo en el Código Penal hasta 1988, permitiendo multas y detenciones en comisarías por “vestir con ropas no propias del género asignado al nacer o mostrar públicamente afectividad entre personas del mismo sexo”.

Por todo ello, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, consideró que “es hora de la reparación” y explicó que entre las peticiones que la ley de memoria trans plantea se encuentra “una prestación económica vitalicia, equivalente a la pensión mínima de una persona jubilada sin cargas familiares; señalización y ubicación de espacios de la memoria Lgtbiq+; y partida presupuestaria para la preservación y digitalización del archivo de documentación gráfica y audiovisual”.

Por último, indicó que “sin memoria, no hay democracia; sin dignidad, no hay justicia” y recordó que “son muy pocas víctimas las que quedan vivas”.