En un comunicado de prensa, CECU criticó el "vacío legal" que supone el hecho de que la ley no obligue a los comercios adheridos a los sistemas de pagos electrónico a comprobar la identidad de los compradores que paguen con tarjeta.

Según la CECU, esta circunstancia resulta especialmente grave en fechas de alto consumo, como las fiestas de Navidades y Reyes, y los periodos de rebajas.

"Se da la circunstancia", asegura esta asociación, "de que los consumidores afectados pro estos frudes están teniendo dificultades extremas para que se les abone cantidades importantes de dinero, producto de la compra fraudulenta con la tarjeta robada, sin que al cosumidor le dé ni tan siquiera tiempo a denunciar la desaparición, y consiguientemente la cancelación de la tarjeta, ya que la compra fraudulenta se suele producir en muy poco tiempo".

La CECU puntualiza que "algunas entidades bancarias, siguiendo las recomendaciones de la UE, suelen devolver al consumidor afectado por el robo la cantida sustraida, salvo 25.000 pesetas, aún cuando no hayan podido denunciar la sustracción de la misma, pero el propio carácter recomendatorio de la medida no disminuye la idefensión del usuario en estos casos".