Así lo defendió en un comunicado en el que lamentó que ahora “toda la responsabilidad de incorporar posibles mejoras recaerá sobre lo eurodiputados” y subrayó que dicho reglamento es “una pieza vital para regular la IA y pretende proteger a las personas frente a los daños que podría causar esta tecnología”.

“A pesar de ello, los gobiernos nacionales no han abordado cuestiones esenciales, como la utilización de sistemas de reconocimiento facial por parte de empresas privadas en lugares de acceso público, y han suavizado disposiciones importantes acerca de qué sistemas de IA se clasificarían como de “alto riesgo””, abundó.

En este punto, la federación advirtió de que, de este modo, los consumidores “corren el riesgo" de "no estar suficientemente protegidos", en tanto los Estados miembro no han introducido "derechos básicos" frente a las decisiones automatizadas o a la interacción con sistemas de IA.

No obstante, CECU quiso “destacar” que sí han propuesto prohibir la utilización de sistemas de clasificación social por parte de entidades privadas.

En este contexto, la experta en derechos digitales de CECU Anabel Arias aseveró que, en general, los Estados miembro de la UE “han defraudado" a los consumidores con su posición "si consideramos los riesgos que conlleva la IA, como, por ejemplo, su potencial para aumentar la discriminación, o si se toman en cuenta los peligros que conlleva para el Estado de derecho la utilización de sistemas de reconocimiento facial en lugares de acceso público”.

Para CECU, la nueva legislación “podría terminar siendo decepcionante” si se tiene en cuenta que la IA “cambiará radicalmente nuestros mercados y sociedades", y que, por este motivo, los consumidores "deben tener las protecciones adecuadas”.