Así lo exigieron en un comunicado emitido tras conocerse que los precios subieron en febrero un 6,1% según el Instituto Nacional de Estadística y en el que defendieron que estos datos “y la realidad en la calle muestran que las ayudas aprobadas hasta ahora se están mostrando insuficientes”.

Tras la reunión de la semana pasada del Observatorio de la Cadena Alimentaria, censuraron el "mensaje triunfalista" expresado, a su entender, por el Ministerio de Agricultura y advirtieron de que los datos del IPC de esta semana "devuelven el debate a la realidad, que los precios de la alimentación no están bajando”, por lo que insistieron en que iniciativas como la reducción del IVA “se han mostrado ineficientes para aliviar el problema” y, además, “presentan problemas en su implementación”.

Por su parte, la nueva ayuda de 200 euros para familias con menos recursos que puede solicitarse hasta el día 31 resulta, a su entender, “insuficiente”, además de que, según su punto de vista, “no llega a todos los hogares que lo necesitan” y todo ello, mientras la “combinación de precios” de energía, alimentación y vivienda “sigue ahogando a las familias”.

En este contexto, el director de CECU, David Sánchez, afirmó que la “apuesta” del Ministerio de Planas por la “autorregulación de la industria y las empresas no es la solución” y juzgó “urgentes” medidas de “vigilancia y control” de la cadena alimentaria para “asegurar su estabilidad a largo plazo y exigir transparencia en las grandes empresas de la distribución y comercialización”.

“Medidas como las tomadas para reducir la factura de la energía o los combustibles se han demostrado eficaces”, reiteró, al tiempo que demandó la puesta en marcha de políticas públicas para “garantizar precios justos de los alimentos para los consumidores, así como para agricultores y ganaderos”.

En la misma línea, el director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, advirtió de que el aumento de precios “no es una cuestión solo coyuntural”, sino que se trata de un “fenómeno estructural” del que su organización lleva “años alertando”.

En este punto, volvió a abogar por “definir” una cesta básica de alimentos frescos y por “limitar su precio”, además de establecer un “sistema eficaz de control de precios en la cadena alimentaria”, convencido de que, además, resulta “urgente controlar y sancionar los abusos en la cadena alimentaria”.