Así lo denunció Galán en la presentación del 21 Informe Anual de CEAR, en la que se emitieron también dos spots de su campaña 'Efecto llamada'.

Según Galán, los demandantes de protección internacional tardan “una media de seis meses en conseguir una primera cita para acceder al procedimiento de solicitud”, aunque “varía mucho en función de los territorios”. “Si cada mes se tramitan entre 14.000 y 15.000 citas, tememos que puede haber más de 70.000 personas en esta situación”. Por ello, consideró que los datos de peticiones que España facilita a la UE “están edulcorados y no son reales”.

Protagonizados por las actrices Melanie Olivares y Natalie Poza y por el actor Pepón Nieto, los spot muestran las barreras que estas personas encuentran a la hora de solicitar asilo, simbolizadas en una cabina de teléfono donde los protagonistas se ven atrapados, llamando por teléfono sin ninguna respuesta.

LIMBO LEGAL

La coordinadora estatal del Servicio Jurídico de CEAR, Helena Muñoz, denunció que todos estos retrasos de acceso al procedimiento dejan a los posibles solicitantes “en un limbo legal” que les impide disponer de los derechos a la salud, a la educación y a la asistencia social que les reconoce la ley española, y que además les expone a ser expulsados o detenidos.

Según Muñoz, “España incumple la directiva comunitaria de procedimiento”, que establece que cualquier persona interesada en pedir protección internacional debe poder hacerlo en un plazo de entre tres y seis días.

Apuntó que a principios de abril, el sistema de oficina electrónica se modificó en algunas provincias, donde se habilitaron números de teléfono y correos electrónicos. Sin embargo, “las respuestas vía e-mail tardan meses en llegar, el teléfono está siempre ocupado y las paginas web siguen con el mismo mensaje: No hay citas disponibles”, criticó.

En algunas provincias, basta con esta primera cita para entrar en el sistema, apuntó, pero en otras, se establece una doble cita –un doble retraso- para finalmente registrarlos. Sin esta documentación, las personas solicitantes de asilo no pueden ni pedir plaza en el Sistema Nacional de Acogida, ni empadronarse, ni formalizar una matrícula. Por todo ello, instó a las autoridades “a proporcionar los medios necesarios para que la protección de estas personas sea una garantía”.

En su opinión, la protección internacional en España “vive dos realidades: una se refiere al sistema de acogida e inclusión, y funciona razonablemente bien, y otra tiene que ver con el acceso”. Aquí faltan muchos recursos, lamentó, y pidió a los responsables políticos y al futuro Ejecutivo que “centralicen estas dos competencias”, que en la actualidad dependen de los ministerios de Inclusión y de Interior, respectivamente.

MÁS RECONOCIMIENTOS

Un total de 118.842 personas solicitaron protección internacional en 2022 en España, que se convirtió de nuevo en el tercer país europeo con más peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia. Ello supone un aumento del 81% respecto a 2021, cuando aún había muchas restricciones a la circulación de personas por covid-19.

El presidente de CEAR, Carlos Berzosa, calificó de “buena noticia” el aumento en el número de las resoluciones favorables en 2022, que subieron al 16,4%. Son casi 6 puntos más que en 2021, cuando el porcentaje fue del 10,5. Con todo, ”España “sigue muy por debajo de la media de reconocimiento en la Unión Europea, que está en el entorno del 38,5%”, declaró Berzosa. Solo Malta y Chipre tienen un porcentaje menor de reconocimientos.

En 2022, la UE recibió 963.076 solicitudes de asilo, y con 750 millones de habitantes, acogía a casi un millón. Es el 0,12% de su población, y recordó que “la gran mayoría de las personas refugiadas viven en los países vecinos del sur global”.

Según explicó Muñoz, esta mejora de seis puntos en España se debe a una interpretación más garantista en la protección subsidiaria, que ha beneficiado a personas procedentes de Sudán, Mali y Burkina Faso. “Esperamos que estos criterios se extiendan a otros países”. También creció un 21% el número de expedientes resueltos, aunque a 30 de abril aún quedaban 136.000 pendientes.

SIN VÍAS LEGALES

El informe revela que el 96% de las solicitudes se presentaron en territorio nacional, lo que indica de nuevo “la falta de vías legales y seguras para que las personas puedan pedir protección internacional sin jugarse la vida”.

En frontera, hubo 2.714 demandas solicitudes presentadas, la gran mayoría en el aeropuerto de Barajas, donde CEAR mantiene una delegación. Siete de las nacionalidades con mayor número de demandantes en 2022 se correspondían con países latinoamericanos como Venezuela, Colombia y Perú, que llevan años de “deterioro político y social”. “Esto nos aleja de la Idea de los migrantes que llegan en pateras o que saltan la valla tan habituales en los medios”, declaró.

Entre otros fallos del sistema, resaltó que los funcionarios no siempre hacen todo lo suficiente para ayudar a las personas solicitantes a establecer los hechos relevantes en las entrevistas que mantienen. “Tampoco les estamos facilitando el derecho a la información y, asociado a este, el de asistencia jurídica”.

Agregó que, desde que se reabrieron los puestos fronterizos en Ceuta y Melilla, el número de solicitudes de protección internacional registrados en estos ha sido muy escaso. En Ceuta no hubo ninguno, subrayó, y en Melilla se tramitaron por esta vía solicitudes de personas que ya habían entrado. Solo se permite cruzar la frontera a las personas que tienen permiso de residencia en España o Marruecos.

Para Muñoz, “esto demuestra de nuevo que a las personas subsaharianas que quieren pedir protección internacional en España solo les quedan dos vías: jugarse la vida en la valla o jugarse la vida en el mar”.

Como dato positivo, el informe subraya la acogida de 170.000 personas procedentes de Ucrania, lo que demuestra que “cuando se quiere, se puede”, resaltó Galán. Además, España fue más allá al reconocer este derecho a las personas de otras nacionalidades que vivían en Ucrania en el momento de la invasión, aunque con estos colectivos sí hubo algunos problemas de cara al reconocimiento. También se agilizó la reubicación de refugiados sirios que vivían en Turquía y que fueron damnificados por el terremoto, agregó.