Galán expuso esta situación durante la presentación del informe anual de CEAR sobre las Personas refugiadas en España y en Europa en 2021, celebrada en el Congreso de los Diputados con motivo del Día Mundial de las personas refugiadas, el próximo 20 de junio.

Según explicó, este colapso se debe a la falta de medios del sistema, “algo que ya le hemos transmitido a Interior”, y afecta tanto a las primeras citas como a las de renovación o a los procesos de reagrupación familiar.

Como consecuencia, ”las personas solicitantes de protección se quedan en un limbo jurídico durante meses, y muchos procesos de integración, formación, empleo.., se ven truncados”.

La solución, a su juicio, pasa por “extender a todos el modelo de ‘ventanillas únicas’” desplegado para atender a los refugiados de Ucrania, a fin de registrar de forma ágil todas las peticiones y, al mismo tiempo, facilitar la documentación temporal que se precise y el acceso a los servicios sociales.

MÁS PETICIONES

Galán apuntó que las solicitudes de asilo y de protección internacional están aumentando en 2022 frente al año pasado, “cuando aún existían muchas restricciones de movimiento”.

Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior hasta abril, "podemos hablar de una media de 9.000 solicitudes nuevas al mes”, indicó, "por lo que podríamos terminar el año con más de 112.000 frente a las 65.404 de 2021”.

Por todo ello, Galán pidió a los ministerios de Inclusión y del Interior que “dispongan todos los medios necesarios para que el sistema de acogida en su conjunto pueda hacer frente” a estas previsiones.

En su opinión, ejemplos como la acogida que se brindó a las personas que huyeron de Afganistán en agosto de 2021 y la directiva de protección temporal puesta en marcha para atender a quienes llegan de ucrania “demuestran que si se quiere, se puede”. Estas realidades “contrastan, sin embargo”, con el trato dispensado a los miles de personas que entraron en Ceuta en mayo de 2021 y con el que reciben los migrantes y solicitantes de asilo que llegan a Canarias, lamentó.

PREOCUPACIONES

En cuanto a los motivos de preocupación, Galán criticó la situación de los menores de edad inmigrantes en Canarias, que “viven en centros por encima de su capacidad”. Es preciso activar “la solidaridad autonómica que, de momento, no se está produciendo”, a fin de trasladar a un número importante de estos menores a la península.

Galán se refirió también a la tasa de reconocimiento de la protección internacional, que “aunque ha mejorado mucho, sigue muy lejos de la media europea”.

Según el informe, España ha pasado de un 4% a cerca del 10,5% en cuanto a solicitudes resueltas de forma positiva, pero “la media de reconocimiento en la UE es del 35%”.

Por ello, reclamó “facilitar y agilizar” todo el proceso de “registro, tramitación y resolución”, y puso el modelo desplegado para gestionar las solicitudes de las personas ucranianas como ejemplo de “buenas prácticas”.

En su opinión, “es preciso ampliar y extender este sistema a todas las personas solicitantes de protección internacional”, con un “modelo de ventanillas únicas” para gestionar toda la documentación.

La única pega en cuanto a la acogida que se ofrece a las personas procedentes de Ucrania la expuso Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR. Explicó que las personas de otras nacionalidades que residían de forma legal en Ucrania antes de la invasión del 24 de febrero “están encontrando problemas para acceder a la protección temporal”, cuando la normativa aprobada por España, “de forma acertada, sí les reconoce este derecho”. “Muchos de ellos son estudiantes que se encontraban en Ucrania en algún tipo de programa de educación superior”, agregó.

Favieres reclamó también facilidades para solicitar la protección internacional sin necesidad de acceder al territorio e insistió en la necesidad de acabar con la exigencia de los visados de tránsito, “que hacen muy difíciles” las peticiones de asilo para las personas que huyen de Siria, Yemen o Palestina.

Del mismo modo, exigió “vías legales y seguras” para llegar al país y, después, garantías como la interpretación en el idioma del solicitante, atención con perspectiva de género y de infancia para detectar a personas vulnerables y “una audiencia justa e individual” antes de decidir cualquier expulsión.

EUROPA

El informe presentado por CEAR revela que en 2021 cerca de 630.000 personas pidieron asilo o algún tipo de protección temporal en la UE, con Alemania, Francia y España como principales países de destino. Esta cifra supone un 0,4% de la población comunitaria, apuntó Galán, y un 0,3 si se atiende a los solicitantes en España respecto a su número de habitantes.

A su juicio, “son cifras más que asumibles, que no justifican tantos mensajes negativos como los que se envían continuamente”.

Tuvo también un recuerdo para las 2.000 personas fallecidas en “las fronteras acuáticas de la UE” en 2021 y para los miles de atrapados en la frontera de Bielorrusia con Polonia y Lituania, “lejos de toda atención mediática”.