Entre otras cuestiones, estas leyes limitan la inmigración de ciudadanos extra-comunitarios a personas altamente cualificadas y restringen las posibilidades de obtener el estatus de refugiado.

En declaraciones a Servimedia, Santiago se mostró "preocupado" ante el modelo de flujos migratorios que, a su juicio, fomentará esta reforma, "al favorecer a los países en vías de desarrollo y perjudicar a los menos desarrollados". "Estas normativas potenciarán los niveles de desigualdad entre los países del norte y los del sur", señaló.

Además, para el dirigente de CEAR, esta reforma, "bajo la influencia de la política migratoria del ministro de Interior francés, Nicolas Sarkozy", es contraria a las normativas internacionales y a los principios de Derechos Humanos.

Algunos de los puntos de estas leyes criticados por CEAR son la posibilidad de encarcelar durante dos años a los solicitantes de asilo que no abandonen el país y la "criminalización" que en ellas se hace de los agentes o asociaciones que pudieran prestar asistencia social a estas personas, según esta asociación.