En un comunicado, ambos sindicatos reclamaron a la ministra María Jesús Montero “la apertura de la negociación de un nuevo acuerdo plurianual donde los elementos esenciales giren en torno a la garantía del poder adquisitivo, aumento de las plantillas, más y mejores condiciones de trabajo”.

Las dos organizaciones apuntaron que “vamos tarde en una negociación que debió comenzar hace meses” y que “son muchas las materias pendientes”, ya que, “además de salarios y empleo, es necesario un cambio en las políticas de acceso, promoción y carrera profesional, lo que deriva en una mejora sustancial del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, del Acuerdo Marco y otras normativas de aplicación, que deben plasmarse en un Acuerdo y que tendría que estar cerrado antes de aprobar el Anteproyecto de Presupuestos del 2023”.

En este sentido, ante la pérdida de poder adquisitivo, CCOO y UGT consideran “imprescindible” la revisión de los salarios de 2022, “puesto que la subida del 2% impuesta en los Presupuesto ha quedado del todo desfasada”, y que a esto “habrá que añadir actualizaciones de determinados complementos y revisiones salariales para algunos sectores, como en el Servicio Exterior, entre otros”.

Asimismo, exigieron “la derogación de la totalidad de recortes que sufrimos las empleadas y los empleados públicos con la excusa de contención del gasto público con la crisis del 2008, para recuperar derechos que nunca debieron ser eliminados”.

“Los servicios públicos han resultado ser la herramienta esencial para la defensa de los derechos de la ciudadanía, para ello, es imprescindible que las personas que lo prestan, más de tres millones de empleadas y empleados públicos, tengan dignas condiciones salariales y de trabajo”, concluyeron en su comunicado conjunto.