Actualmente, sólo pueden acceder a la jubilación anticipada los trabajadores que hayan cotizado a la Seguridad Social por cuenta ajena antes del 1 de enero de 1967, requisito que sólo cumplen ya 1.200.000 españoles. Además, son penalizados con un 8% de su pensión por cada año que adelantan la jubilación.

La pretensión de los sindicatos es que la capacidad de jubilarse a los 60 años sea para todos los trabajadores y vaya ligada al esfuerzo hecho en sus cotizaciones a la Seguridad Social. Así, a partir de 25 años cotizados, se podrán jubilar con una penalización en su pensión del 8% por año anticipado, con 30 años del 7,2% y con 40 del 5,62%.

Con estos coeficientes penalizadores, según explicaron a Servimedia fuentes sindicales, se garantiza el futuro económico de la Seguridad Social, que ahorra todava un 3% del dinero que se gastaría si los jubilados anticipadamente continuaran en su actividad y llegaran a cobrar el 100% de sus pensiones.

El documento fue presentado hoy en Madrid por los secretarios de Política Institucional de CCOO, José Luis Sánchez, y de UGT, Pedro Díaz Chavero, quienes advirtieron al Gobierno de que se trata de una propuesta "con escaso margen de variación". Si el Ejecutivo no acepta este nuevo modelo de generalizar la jubilación anticipada, los sindicatos no firmarán un nuev pacto.

Actualmente, en España se jubilan cada año unas 420.000 personas, de las que el 63% (unas 260.000) lo hacen a los 60 años y poco más del 30% (125.000) a los 65. Con esto, la edad real de jubilación se situá algo por encima de los 62 años, con una media de 32 años cotizados a la Seguridad Social.

PREJUBILACIONES

Otra de las claves de la propuesta sindical pasa por controlar y frenar las prejubilaciones, que afectan a los trabajadores de entre 50 y 60 años que son expulsados de sus puesto de trabajo. Durante dos años cobran el paro y después el subsidio de desempleo. Luego, al llegar a la edad de jubilación y haber cotizado por la mínima en los últimos años, la pensión que reciben es "ridícula", según los sindicatos.

Por ello, UGT y CCOO plantean la creación de un fondo específico que garantice el incremento de la base de cotización de estos trabajadores mayores de 52 años hasta el 70% de su base media de cotización de los últimos años en activo.

En el caso de que los parados proedan de una Expediente de Regulación de Empleo (ERE), será la empresa la que tenga que pactar un convenio con la Seguridad Social para asegurar estas cotizaciones. Actualmente, en España hay 350.000 personas de más de 52 años cobrando el desempleo.

A cambio de la jubilación "flexible" y del fondo para situaciones especiales de los mayores de 52 años, los sindicatos están dispuestos a respaldar la pretensión del Gobierno de rebajar las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores de más de 65 añs que quieran seguir trabajando, y para sus empresarios.

ACERCAMIENTO

El nuevo modelo de jubilación es la "piedra angular" sobre la que se debaten sindicatos y Gobierno. Según UGT y CCOO, el Ejecutivo no se ha negado -en contra de lo que anunció el secretario de Estado de Seguridad Social, Gerardo Camps- a negociar estos asuntos, por lo que confían en un acercamiento, que debe dar resultado antes de finales de febrero de este año.

Sin embargo, el grado de consenso es mayor en otros asuntos comola dotación del fondo de reserva, la separación de fuentes y la mejora de algunas prestaciones, especialmente las destinadas a la mujer, a los parados y a las personas con dependencia.

Los sindicatos proponen una dotación del fondo de reserva de 700.000 millones, algo que comparte el Ejecutivo, y que la separación de fuentes se haga en 2 legislaturas; el Gobierno plantea que sea en tres.

Además, los sindicatos piden que se eleven las pensiones de viudedad (del 45% de la base de cotización del falecido a un 60% y un 75% si la viuda tiene cargas familiares), que se mejoren las prestaciones de orfandad y se amplien hasta 23 y 25 años, hechos que el Gobierno está dispuesto a debatir puesto que en el programa electoral del PP se compromete una subida de las pensiones mínimas.

Se solicita también un apoyo especial para las prestaciones de maternidad, con un nuevo permiso para los padres, independiente del de las madres, y con la consideración de que los tres años de excedencia por maternidad sean cmputables como cotizados a la Seguridad Social.

Finalmente, UGT y CCOO plantean una unificación de regímenes de la Seguridad Social, una potenciación de la cobertura a las personas con dependencia y un impulso a la creación de la nueva Agencia de la Seguridad Social.