Según el sindicato, el avance de estadísticas de accidentes de trabajo correspondiente al periodo entre enero y julio de 2022 “consolida la tendencia de incremento de la siniestralidad laboral en España que se viene apreciando en los últimos meses”.

La situación es “grave” para los accidentes mortales, que llegan a los 475 en los primeros siete meses del año (69 más que en el mismo periodo de 2021), lo que supone un incremento del 17%. Este aumento es más intenso en los accidentes en jornada (+17,3%) que en los in itinere (+15,6%), y también es superior en trabajadores por cuenta propia (+18,9%) que en asalariados (+16,8%).

Por su parte, el incremento del número de accidentes con baja alcanza un 14,4%, fundamentalmente debido a los accidentes en jornada, que aumentan un 15,8%, mientras que los in itinere crecen un 5,2%. Este aumento se concentra asimismo en las personas asalariadas, que sube un 15,2%, mientras que en las autónomas se limita al 3,1%.

Según Sanz, “lo venimos advirtiendo desde hace muchos meses: uno de los peores indicadores sociolaborales para el actual periodo es crecimiento sin control de los accidentes de trabajo”.

“También llevamos todo 2022 avisando de que de no corregir el rumbo nos iríamos por encima de las 800 muertes al acabar el año, y los datos de julio no solo no revierten esta tendencia sino que desgraciadamente la consolidan y refuerzan. Estamos hablando de un volumen de muertes absolutamente inasumible para una sociedad avanzada, porque en la mayoría de los casos son fácilmente prevenibles”, detalló.

Asimismo, apuntó que vienen “reclamando al Gobierno que se tome en serio la siniestralidad laboral, no vemos que reaccione con celeridad, ni eficazmente, ni dialogadamente. Seguimos reclamando que se modifiquen normas que se cambiaron al calor de la anterior crisis, que han desequilibrado y deteriorado la prevención de riesgos en el afán de eliminar impedimentos, gestiones administrativas a las empresas e impulsar un mercado de la prevención. Que, por ejemplo, en lo que respecta a la vigilancia de la salud ya parece un oligopolio. Esto estaba cuando entró el Gobierno y poco o nada se ha movido para modificar esta situación”.

“Es evidente que estos datos reflejan el deterioro de la prevención de riesgos laborales en las empresas y del sistema preventivo español en su conjunto. No podemos obviar que se trata de una responsabilidad directa de las empresas, que son las que tienen la obligación legal de proteger a las personas que trabajan en sus organizaciones frente a los riesgos laborales, pero también las administraciones deben impulsar políticas públicas activas en materia de salud laboral para revertir esta situación y volver a la senda de reducción de los accidentes de trabajo”, señaló.