En la actualidad, casi 1.500 médicos, enfermeros, terapéutas, farmacéuticos y el resto de personal sanitario, desempeñan sus funciones en las cárceles españolas. El sindicato pretende que todo este personal, tanto funcionario como laboral, se integre en sus respectivos servicios regionales de salud.

Para el sindicato, el derecho a la salud es universl y la atención sanitaria que se dispensa a los reclusos debe ser la misma y debe administrarse en las mismas condiciones que a otros ciudadanos que no tienen limitados otros derechos, como los presos.

El responsable de la sección sindical cree que el proceso de transferencia de este personal a las comunidades, en caso de que se decidiera, sería complicado, como ya sucedió en el caso de los maestros de las prisiones.

La sección sindical ha solicitado una entrevista con la ministra de Sanidad y Cosumo, Ana Pastor, una vez que han pasado más de 18 meses desde que se traspasara totalmente la gestión de la Sanidad pública a las comunidades autónomas.