Carmen Perona, autora del libro, explicó hoy a Servimediaque la responsabilidad ante un daño ocurrido con motivo de una actividad escolar (incluidas las extraescolares y complementarias) corresponde a la Administración Educativa, en la enseñanza pública, y a los titulares de los centros privados, en la enseñanza privada.

Por ello, según Perona, sería necesario que la Administración se ocupara de garantizar un seguro que les proteja de agresiones de los estudiantes. La autora afirmó que los profesores están "indefensos" ante este tipo de situaciones.

Sin embargo, la autora explicó que el personal docente ya está protegido por ley de otros casos de incidentes en el aula, tales como el acoso entre alumnos, accidentes o agresiones entre alumnos.

Perona matizó que, cuando un padre interpone una denuncia por algo que le ha ocurrido a su hijo en clase, debería hacerlo por la vía administrativa. Sin embargo, suele hacerlo por la penal, poniendo una denuncia contra el profesor en concreto o contra el director del centro.

En su opinión, la Administración ha de actuar, en estos casos, para desviar la demanda a la vía administrativa y evitar así que el profesor tenga que enfrentarse a una sanción.

Según añadió la autora, un profesor no puede ir a la cárcel este tipo de conflictos, ya que se trata de sucesos acaecidos "sin intención" del docente. Sin embargo, actualmente hay cuatro sentencias contra profesores, por haber incurrido en "negligencia grave" (estaban ausentes del aula o no prestaron suficiente atención en el recreo, cuando ocurrió el accidente).

En todas las comunidades autónomas se da, en este sentido, una situación similar. No obstante, Perona señaló que es en País Vasco donde hay más denuncias y más sentencias por conflictos en las aulas, interpuestas tanto por padres como por profesores. Pero, en su opinión, esto no se debe a que se den más casos en esta región, sino a que hay más conciencia a la hora de denunciar.

El libro, que pretende servir de guía a los docentes, da cuenta del actual ordenamiento jurídico, comparándolo con el de otros países europeos, y ofrece pautas de actuación ante conflictos que se pueden presentar durante la actividad escolar, para que el profesor pueda evitar responsabilidades penales.