Así, el sindicato denunció que haya pasado más de un año desde que el plazo concluyó y destacó que es una cuestión abordada en el seno del diálogo social. Además, resaltó que desde el entorno del Gobierno se anunció que se aprobaría en el Consejo de Ministros de la semana pasada, pero finalmente no se hizo.

“Este retraso injustificado está suponiendo una merma de derechos laborales exigidos por Europa para todas las personas trabajadoras. Su incumplimiento ha conllevado el emplazamiento de la Unión Europea en septiembre de 2022 y el pasado 1 de junio de 2023 recibió un dictamen motivado de la Comisión dando un plazo de dos meses para llevar a cabo dicha trasposición, que de no hacerse podrá llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la imposición de sanciones económicas, que pueden ser millonarias”, añadió CCOO.

Al hilo, sostuvo que “ya se ha superado sobradamente ese plazo y ya no puede usarse la excusa de un gobierno en funciones, con lo que en cualquier momento la Comisión podrá llevar el incumplimiento a la Unión Europea”.

“Es difícil comprender el silencio que mantiene el Gobierno acerca de esta directiva y nadie explica a qué obedece el incumplimiento de su transposición. Solo las organizaciones empresariales se han opuesto, pero parece que cuentan con derecho de veto en las decisiones del Consejo de Ministros”, apuntaló el sindicato.

La Directiva 2019/1152 de condiciones previsibles y transparentes incorpora mejoras en los derechos de información de las personas trabajadoras sobre las condiciones en las que se debe desarrollar su trabajo, aporta garantías adicionales sobre la previsibilidad de éstas y sobre la antelación con la que deben conocerse elementos como los días en los que debe desarrollarse la actividad laboral, la jornada de trabajo, la realización de horas complementarias en los contratos a tiempo parcial, entre otros. Además, la citada Directiva limita la duración del período de prueba.