El negocio consistiría, según CCOO, en importar carbón extranjero, principalmente sudáfricano (mucho más barato que el español), para venderlo al precio asignado para las cuotas de producción nacional que las centrales térmicas deben consumir forzosamente para mantener al sector minero.

Varea se refirió concretament al caso de la empresa propietaria de Minas de San Cebrián, en la comarca palentina de Guardo, que continuó vendiendo carbón a la central térmica de La Velilla, propiedad de Iberduero, después de cerrar el 2 de agosto de 1990.

El margen extra obtenido con este supuesto fraude es de 3.000 a 4.000 pesetas por tonelada y, como la cuota anual asignada a Minas San Cebrián es de 80.000 toneladas, el beneficio adicional podría superar los 240 millones de pesetas.

Según Varea, la beneficiaria del supuest fraude es únicamente la empresa minera, ya que la central térmica de La Velilla estaría comprando el carbón al precio tasado por la Administración. En su opinión, la responsabilidad recae también sobre la Administración Central y el Gobierno de Castilla y León, por su inhibición.

NO A LA RECONVERSION

Por otra parte, el dirigente de CCOO denunció el cierre, desde abril de 1990, de cinco de las catorce minas de la comarca de Guardo, lo que ha supuesto la pérdida de 505 puestos de trabajo en una zona on sólo 20.000 habitantes.

Varea afirmó que Guardo es un "botón de muestra" de lo que pasará en otras comarcas mineras de Castilla y León, Asturias y Aragón, como consecuencia del plan de reconversión puesto en marcha por la Administración.

Según el dirigente sindical, este plan prevé la pérdida de 5.000 puestos de trabajo que, en su opinión, podrían ser más dada la cuantía de las subvenciones otorgadas a las empresas que reduzcan o suspendan la actividad de sus minas. Esas ayudas son de unas 9.50 pesetas por tonelada dejada de producir entre 1990 y 1992.

Varea aseguró que están dispuestos a realizar nuevas acciones de presión para exigir la negociación de un plan global para el sector y anunció que se reunirán el próximo día 4 en León con dirigentes mineros de UGT para intentar recomponer la unidad de acción rota al no secundar la central socialista las huelgas del 20 y 21 de marzo.

Finalmente, exigió hoy a la Administración un examen médico de los mineros de toda España como paso previ al reconocimiento de una pensión equivalente a la totalidad del salario para aquellos que padezcan silicosis.

Por su parte, el presidente de CCOO, Marcelino Camacho, que también estuvo presente en la rueda de prensa, señaló que el plan de reconversión de la minería elaborado por la Administración refleja "un abandono de los intereses nacionales que coloca a comarcas enteras al borde de la quiebra".

El Gobierno, sin embargo, considera que este plan, aprobado el año pasado por la Comisión Europea,es la única salida viable para la minería del carbón, según manifestó el pasado 21 de marzo el ministro de Industria, Claudio Aranzadi.

El ministro advirtió que está dispuesto a discutir el futuro del sector, pero siempre dentro del plan de reestructuración porque, sin las ayudas obtenidas de la Comunidad Europea a cambio de suprimir las subvenciones en 1993, sería preciso cerrar muchos pozos.