El sindicato lamentó que, en las primeras negociaciones para renegociar las adaptación de los juzgados de 372 municipios, no se haya ofrecido ni incremento de personal ni incremento retributivo a pesar del aumento de la carga de trabajo.

Con esta nueva organización estas oficinas tendrán que realizar tareas como las de Jefatura de Servicio por quienes desempeñan el cargo de Secretario y dirige la oficina. Asimismo, se suma la penosidad aparejada a la práctica de actos de comunicación y ejecución (embargos y desahucios) fuera de la sede judicial o diligencias en los centros penitenciarios, funciones que sí están especialmente retribuidas en las oficinas judiciales de las localidades con Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de las cabeceras del partido judicial.

Asimismo, el sindicato lamentó que en estos centros en los que trabaja personal funcionario de la Administración de Justicia se sufren unas condiciones de trabajo y retributivas peores que las del resto de personal de los juzgados, tribunales, fiscalías y otros servicios no jurisdiccionales; con inferiores medios materiales y tecnológicos, peores instalaciones e inferiores retribuciones.

También criticó que se mantenga el concepto retributivo de grupo de población en virtud del cual el personal destinado en esta demarcación percibe una retribución inferior al destinado en el resto de localidades.

DESAJUSTES DE PERSONAL

"La inmensa mayoría de estas 372 oficinas cuenta con dos funcionarios o funcionarias, plantilla que es algo superior (hasta un máximo de 5) en 195 de ellas. Ni siquiera el número de personal de cada oficina está fijado en función del número de habitantes, y que oscila entre los 4 efectivos para 51.567 habitantes de Calviá (Baleares) y la agrupación de Morón de Almazán (Soria) con 2 efectivos para 1.118 habitantes", lamentó el sindicato, que solicitó al Ministerio de Justicia que realice un ajuste de las plantillas en función del número de habitantes de cada OJM o Agrupación, a lo que la administración también se niega.

Como ejemplos "más sangrantes", el sindicato señaló los casos de de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) con 33.991 habitantes y solo dos funcionarios o Seseña (Toledo) con 45.339 habitantes y solo tres efectivos en su plantilla.