Además, Galicia -gobernada por el PP- puso pegas al nuevo sistema, mientras que Cataluña y Aragón anunciaron su intención de recurrir la normativa ante el Tribunal Constitucional, a lo que se sumarán casi con toda probabilidad Andalucía y Castilla-La Mancha, después de que sus respctivos servicios jurídicos estudien la cuestión.

Esta es la conclusión principal tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, que hoy reunió en Madrid al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, con los principales responsables de empleo de las comunidades autónomas con dos temas sobre la mesa: la nueva Ley de Empleo, que concitó el apoyo mayoritario -incluidas las comunidades socialistas-, y el nuevo modelo de formación continua, que generó polémica.

Al trmino de la reunión no compareció Zaplana, que lo hará a última hora de esta tarde después de reunirse, conjuntamente con Montoro, con los sindicatos, mientras que dieron sus explicaciones algunos consejeros autonómicos.

El primero en comparecer fue el responsable de Empleo de Andalucía, José Antonio Viera, quien denunció que el Ministerio mantiene una postura "fija" sin ningún tipo de negociación al respecto y afirmó que el nuevo modelo "deja a las comunidades fuera del poder ejecutivo sobre la formaión continua", lo que supone contravenir la doctrina del Tribunal Constitucional y el normal desarrollo de las competencias autónomicas.

Para Viera, la intención del Gobierno de sacar adelante este modelo "como sea", es un "error grave", puesto que choca con muchas comunidades autónomas y, además, "no ha sido negociado, sino impuesto con una total falta de sensibilidad hacia la labor de las comunidades".

Finalmente, anunció que, si el Gobierno no rectifica y retira el Decreto sobre formación contnua, el Ejecutivo que preside Manuel Chaves recurrirá la nueva normativa ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el viceconsejero vasco de Trabajo y Seguridad Social, Iñaki Zabala, arremetió contra el nuevo modelo y lo tachó de "centralista" y contrario al Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Además, aseguró que pone en riesgo el modelo de formación que funciona "bien" en Euskadi desde 1996, además de ser un modelo "ineficaz" para las empresas. También apuntó que vulnera recientes sentencas del Constitucional, que facultan a las comunidades autónomas para gestionar la formación continua.

DEFICIT INTOLERABLE

Para el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura, Miguel Amigo, el nuevo modelo provoca un "déficit intolerable" en la gestión de las comunidades autónomas, por lo que también lo rechazan.

Mientras el consejero de Industria y Trabajo de Castilla-La Mancha, Alberto Sáiz, lamentó que un asunto tan importante como la formación continua vaya a ser aprobado porel Gobierno "sin consenso ni acuerdo".

Para Sáiz, el nuevo modelo "fractura" el consenso constitucional y deja a las comunidades autónomas sin una parte de sus competencias, por lo que también anunció que lo recurrirán, al igual que, según dijo, va a hacer el Gobierno de Aragón que preside el socialista Marcelino Iglesias.

El secretario de Asuntos Laborales de la Generalitat de Catalunya, Andreu Cruañas, mostró su contrariedad con el nuevo modelo y, tras confirmar que su Gobierno lo recurrirá ant el Constitucional, lo tachó de "un paso atrás" en materia de formación continua.

SIN CONSENSO

Para el responsable del Gobierno catalán, Zaplana ha acometido "una reforma sin consenso social, sin conseso político y sin consenso institucional", lo que tachó de "muy grave" por la importancia de la formación continua para garantizar la competitividad de las empresas españolas.

Cruañas también criticó la prórroga que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha realizado de los fondos del Forcem ara el 2003 y aseguró que esta iniciativa es también contraria a las últimas sentencias del Tribunal Constitucional.

"Se ha burlado el consenso y se ha diseñado un modelo que va hacia atrás y, además, no es transparente", concluyó el responsable de Asuntos Laborales de la Generalitat.

APOYO PP

Durante la reunión de la Sectorial, el nuevo consejero valenciano de Economía, Hacienda y Empleo y anterior secretario de Estado de Seguridad Social, Gerardo Camps, se encargó de defender el proyecto en nmbre de las comunidades gobernadas por el PP, entre las que encontró el respaldo, conjuntamente con la Comunidad Canaria.

Sin embargo, tomó la palabra para poner reparos al nuevo diseño el responsable de Galicia -gobernada por el PP-, quien pidió al Gobierno que vuelva a "repensar" la participación de las comunidades autónomas en el nuevo modelo.

Así lo explicó el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, al afirmar que los gallegos pretenden salvaguardar su actual modeo de formación continua, creado en virtud de un acuerdo del Parlamento Gallego y que chocaría con el nuevo sistema que pretende implantar Zaplana.

Villanueva aseguró que el resto de comunidades gobernadas por el PP mostraron su acuerdo con lo expuesto por Gerardo Camps y aprovechó para destacar que, a su juicio, el nuevo modelo salvaguarda el principio de "caja única" y no contraría ninguna sentencia del Tribunal Constitucional.

En este mismo sentido se pronunciaron también los responsables de emleo del nuevo Gobierno de Baleares, que preside el ex ministro Jaume Matas y los del Ejecutivo riojano, ambos del PP.