LOS CAZADORES RECLAMAN LA AYUDA DE LOS CONSEVACIONISTAS PARA DEFENDER LA NATURALEZA FRENTE A LOS ABUSOS DE LA ADMINISTRACION
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La estricta, limitativa y rígida normativa que administra los parques nacionales hace inviable que se puedan mantener dentro de sus límites, los usos y aprovechamientos tradicionales (caza, agricultura, apicultura, ganadería y explotación del corcho, entre otros), por lo que parece llegado el momento de que quienes representan a esos sectores afectados acuerden con las principales organizacions conservacionistas, un plan de acción conjunto para combatir los abusos de las administraciones públicas.
Esa fue una de las conclusiones de la reunión convocada en Madrid por la dirección de la Agrupación para la Defensa de los Habitats y la Caza (Adhyca), con el fin de estudiar el impacto que la declaración de Cabañeros como Parque Nacional supondrá para esos usos y aprovechamientos tradicionales.
A la convocatoria, asistieron también los acaldes de muncipios de la zona de Picos de Europa afecados por la presión e inconvenientes que la condición de Parque Nacional significa para los habitantes de aquellas comarcas, y el alcalde del ayuntamiento madrileño de Rascafria, José Antonio Velasco, que pidió la colaboración de todos para impedir, "por los medios que sea", el proyecto de extensión del Parque Natural de la Cumbre Circo que la CAM pretende agrandar de las 778 hectáreas actuales a unas 12.000.
En su intervención, Jesús Vozmediano, presidente de Sociedad Biosfera, fundador de varias orgnizaciones conservacionistas y ex miembro del Patronato de Doñana, expuso la necesidad de que todos los interesados en una verdadera conservación y explotación racional de la naturaleza deben aunar esfuerzos para evitar que la acción irresponsable o interesada de las administraciones públicas, en general, arruine lo que queda de riqueza natural en nuestro país.
Consideró llegado el momento para una acción reunificadora que prevenga no sólo los desaguisados de los políticos y burócratas españoles contr nuestro medio natural, sino también las consecuencias de las directivas comunitarias que ya afectan, pero que incidirán mucho más drasticamente en el futuro, a las reservas naturales españolas (llegó a decir que un 40 por ciento de la superficie nacional resultará directa o indirectamente comprometida).
MILES DE MILLONES ESFUMADOS
Centró gran parte de su discurso en lo que ocurre con Doñana, cuya situación admitió en calificar de "agónica", y explicó cómo, por la acción irresponsable, timorata y meiatizada de las autoridades regionales andaluzas y de los ayuntamientos de la zona, los pueblos del entorno del parque nacional han dejado de ganar "los miles de millones de pesetas" que les habrían supuesto los millones de visitantes de la Expo de Sevilla en 1992.
Un objetivo que tenían al alcance de la mano, si hubiesen tomado medidas para preparar las infraestructuras de acogida y sistemas de control rígidos en los alrededores de Doñana, que garantizasen una perfecta preservación del parque.
"hora, los alcaldes y hasta las autoridades regionales se llevan las manos a la cabeza, cuando comprenden que han tenido a tan sólo 70 kilómetros de distancia del parque, a millones de personas que hubiesen mostrado gran interés en visitar el parque a través de los recorridos y en las condiciones señaladas por las autoridades correspondientes", matizó.
Estimó que resulta difícil comprender la agresión sistemática de las autoridades contra los usos y explotaciones tradicionales de la zona (ganadería, peca, aclareo, etc) cuya erradicación mantienen a los habitantes en una situación de crispación progresiva y pone en grave peligro el equilibrio natural del propio parque, cuya perpetuación hasta nuestros tiempos obedece, fundamentalmente, a la práctica tradicional de esos trabajos de explotacion racional de algunos de sus recursos.
Angel Alonso Canal, alcalde de Boca de Huérgano (León), relató todo un rosario de quejas de los habitantes de la zona de Picos de Europa comprendida en la denominación de Paque Nacional, como consecuencia de unos abusos administrativos que no hacen más que intensificarse año tras año, desde la primera declaración oficial, en 1918.
María Teresa González, que habló en representación de la Asociación de Productores de Caza de Extremadura (Aproca Extremadura) y de los propietarios de montes privados del Parque de Monfragüe, calificó de gravísimas las limitaciones que esa definición legal constituye para los intereses seculares de los residentes en la zona y también para la peservación del entorno natural.
Una situación que tanto la representante extremeña como Carlos Otero Muerza, secretario general de ADHYCA, hicieron extensiva a Cabañeros (los alcaldes de la zona, casi todos del PSOE, no acudieron a la reunión, "a pesar de que les cursamos invitaciones a todos y de que saben los graves problemas que van a sufrir los pueblos por la declaración de Parque Nacional", aclaró Otero).
Finalmente, Manuel Andrade, presidente de ADHYCA y de la Federación Española de Caza (FC), vaticinó una acción programada y coordinada por parte de todos los sectores vinculados a la conservación de la naturaleza, "primero, hasta agotar todos los cauces legales habidos y por haber, pero después, decididos a adoptar las medidas que sean más convenientes para terminar con el actual desbarajuste administrativo".
Andrade reclamó la sensibilidad de los medios de información "para una tarea que nos afecta por igual a todos los que estamos comprometidos en cuidar el medio natural y aprovechar acional y controladamente sus recursos renovables".
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(SERVIMEDIA)
02 Jun 1993